Según ha publicado Diario de Burgos en su edición de este sábado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos ha ordenado revocar el archivo de esa querella «para la realización de aquellas diligencias probatorias esenciales, al menos la declaración de la anteriormente citada (la antigua abadesa) y todas aquellas que por el Juzgado de Instrucción se consideran necesarias» para esclarecer los hechos denunciados, que tienen dos vertientes claramente diferenciadas.
Por un lado, se discute el destino de los ingresos del alquiler de la hospedería del complejo conventual de Derio a un empresario alemán, al que con posterioridad al cisma le pidieron que realizara los pagos en otro número de cuenta. «Conforme se afirma en la querella», García de Viedma se embolsó en su cuenta 4.488 euros por el arrendamiento de ese inmueble, «sobre el cual carecían de derecho, por el abandono de la comunidad religiosa», determina el auto del magistrado Roger Redondo, quien no obstante duda de la competencia del Juzgado de Briviesca, al estar ubicado el alojamiento en la provincia de Vizcaya.
Por otro lado, según Diario de Burgos, se deberá investigar el intento de poner los bienes de la comunidad religiosa a nombre de una asociación civil, que se frustró administrativamente al no ser inscrita en los correspondientes registros, por decisión del Ministerio del Interior, recurrida sin éxito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aquí entienden el equipo legal del comisario pontificio que podrían haberse cometido dos delitos de estafa agravada en grado de tentativa, respecto de los monasterio de Belorado y de Derio. No incluye el de Orduña porque su propiedad está en cuestión, también en los tribunales, al no haber pagado las cantidades estipuladas a las clarisas de Vitoria, que se lo vendieron a sus compañeras.
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