Más inversión pública para sacar de la 'lista roja' el 70 por ciento de los bienes culturales

Con este nuevo texto, explicó el consejero, «hemos pasado de la concepción del patrimonio como legado a la de recurso cultural, económico y social». Y lo primero que se precisa es gestión, apuntó, precisamente el aspecto donde «fallábamos», sobre todo porque «se necesitan recursos». Así que uno de los aspectos más importantes que contempla el anteproyecto es el garantizar una inversión anual de cuatro millones de euros, hasta los 20 en cinco años, de forma que se supere el 1,5% cultural que, según explicó Santonja, entre 2015 y 2019 dejó una media de 1,8 millones.

Con esta inversión se pretende que el 70 por ciento de los bienes culturales incluidos en la 'lista roja' de Hispania Nostra (por encontrarse en muy mal estado) salgan de esta relación.

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Otra de las novedades del nuevo texto normativo es que los Bienes de Interés Cultural (BIC) contarán con una zona de «amortiguamiento, adyacente o no» para la protección adicional de sus valores, de acuerdo con el modelo internacional emanado de la Unesco. Esta nueva exigencia está pensada, por ejemplo, para los parques eólicos que, de esta forma, no podrían situarse cerca de un BIC. Precisamente, en el marco de esta figura de protección se contemplan dos nuevos reconocimientos: los conjuntos industriales y los paisajes culturales.

En cuanto al régimen de infracciones y sanciones, éste se ha revisado y, así, en los casos leves las multas pueden llegar a los 10.000 euros; en los graves, a los 200.000, y hasta los 600.000 en los muy graves. En este punto, el consejero de Cultura advirtió de que «no voy a ser conciliador ni benigno si se ha producido un atentado cultural» y se refirió expresamente al sufrido en 1,2 kilómetros de la calzada romana de Castrocalbón (León). «Ni el presidente de la Junta ni yo, cuando lo visitamos, tuvimos en la cabeza una sanción leve», advirtió.

Otra de las novedades incluidas en el anteproyecto de ley es el Censo del Patrimonio Cultural para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público que dará mayor seguridad jurídica y facilitará la participación a los ciudadanos. Además, se establecerá nuevas figuras de gestión, como son los Sistemas de Patrimonio Cultural que se constituyen como una fórmula de gestión sostenible de un conjunto de bienes culturales, inscritos en el censo y asociados por temática o vinculados a un espacio físico. Este nuevo elemento permite la participación de los agentes sociales, reconociendo el protagonismo de la sociedad. Un ejemplo de sistema serán los Caminos de Santiago de la Comunidad, con el objeto de preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Compostela. Además, se recoge la clasificación de los Caminos y se determina su régimen de protección.

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Gonzalo Santonja quiso reconocer durante su comparecencia la labor realizada por los funcionarios de la Dirección General de Patrimonio de su Consejería para diseñar una ley urgente porque «las realidades y las sensibilidades de la sociedad han ido cambiando». En este sentido, recordó cómo «con indebida frecuencia hay administraciones que encargan las leyes a consultorías y eso genera problemas».

En este caso, el anteproyecto presentado ayer «ha sido hecho por funcionarios» por lo que manifestó su satisfacción y les transmitió la enhorabuena. Precisamente por ello, fue tajante ante la opción de que la gestión del patrimonio se pueda realizar desde el Ministerio: «Ahora mismo no, lo gestionamos mejor nosotros; se tendría que producir una reestructuración en el Ministerio».