La Guardia Civil investiga a 30 personas por fraude en el cobro de subvenciones de la UE

A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa. Según ha informado este miércoles el instituto armado han detectado «irregularidades« en el cobro de estas ayudas por parte de ganaderos de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.

La Benemérita estima que el beneficio económico obtenido rondaría «el millón de euros» y la investigación patrimonial realizada en paralelo ha culminado con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros, «con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos».

Las investigaciones en la denominada operación 'Pacquiao', comenzaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para «la obtención ilícita» de una serie de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), según las mismas fuentes.

El objeto de estas ayudas «es apoyar las rentas de los agricultores y ganaderos con el fin de que se rentabilice la agricultura y se garantice la producción de alimentos seguros«, han detallado. Los derechos de estas ayudas son otorgados por «la Administración autonómica competente» y deben llevar aparejados unas tierras y una actividad a ejercer sobre esa tierra.

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Concretamente, las ayudas analizadas en esta operación eran otorgadas «en virtud de la realización de pastoreo con animales de abasto« (destinados al consumo humano) en unos pastos asignados a cada solicitante. 45.000 euros de beneficio por ganadero al año

Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Los referidos profesionales poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas, «cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible», por lo que estos animales «nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda», han indicado desde la Guardia Civil.

Los ganaderos implicados «recibían una cantidad anual, ilícita, que rondaba los 45.000 euros por ganadero«, por simular pastar en unos terrenos cuando, realmente, el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas. Los agentes han podido demostrar, además, que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC, eran «reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España», los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia.

De esta manera se obtenía «un doble beneficio ilícito por los pastos», que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos.

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Este fraude «estaba encabezado por el jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC)«, según ha indicado la Guardia Civil, que concluye que »era el encargado, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos« y »desoía las advertencias de los técnicos de su Administración«.

Coincide que la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la «pareja sentimental del referido jefe de la SAC», quien «no realizó ninguna inspección de campo«, en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la »existencia de multitud de condicionantes de riesgo«.

Además, el presidente de la Junta Vecinal, hermano del Jefe de la SAC, emitía «certificados de uso de pastos fraudulentos» (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas), han apuntado las mismas fuentes.

Por otro lado, una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero, se encargaban de conseguir a los ganaderos solicitantes de las ayudas, en diferentes provincias, realizando de primera mano las gestiones necesarias para la obtención por parte de los ganaderos del «beneficio ilícito».

Esta operación, la primera llevada a cabo por parte de una unidad del Seprona con la Fiscalía Europea, fue desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA). En la misma, colaboró la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia.

Sobre este asunto se pronunció en el último pleno de las Cortes el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, quien aseguró que su departamento estaba colaborando con la Fiscalía Europea para esclarecer ayudas de la PAC.

Dueñas prefirió en ese momento ser «escueto y riguroso» con una contestación «breve y sin ningún tipo de valoración» a la pregunta de un procurador socialista para no interferir en la investigación