El Grupo Socialista en las Cortes renuncia a tramitar su ley contra la violencia de género para buscar el acuerdo con el texto de la Junta de Castilla y León

En el Parlamento están registradas para su tramitación tanto la proposición de ley de modificación de la ley de 2010 contra la violencia de género de Castilla y León, firmada por el Grupo Socialista, como el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, remitido por la Junta.

El Grupo Socialista pidió una prórroga para la presentación de las enmiendas, que ha finalizado sin recurrir a otra nueva y con la presentación de sus propuestas, lo que lleva a la retirada de su proposición de ley en la búsqueda del acuerdo con la ley del Ejecutivo, según confirmaron a Ical las fuentes consultadas en este grupo.

Fernández Mañueco, tanto en su respuesta en el pleno de las Cortes a una pregunta de Luis Tudanca como en el Debate de Política General celebrado esta semana apeló al consenso y confió en que se materialice en la tramitación en las Cortes con la base del «buen texto» presentado por su Gobierno, que cuenta con los dictámenes de los órganos consultivos y la participación de las partes afectadas.

Sin embargo, la propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista en esta materia fue rechazada por PP y Vox en el debate de política general, aunque la viceportavoz socialista, Patricia Gómez, manifestó que su grupo siempre será un «aliado» de la Junta en la lucha contra la violencia machista y el negacionismo de la misma.

La decisión adoptada por el bloque socialista ha sido no pedir otra prórroga y presentar sus enmiendas al proyecto de ley de la Junta, como confirmaron las fuentes consultadas, que también admitieron la retirada de su texto para trabajar en el proyecto de ley del Ejecutivo, el único hasta la fecha en las Cortes presentado por el equipo de Fernández Mañueco.

Junta y Grupo Socialista abogan, en sus respectivas normas, por convertir a Castilla y León en «vanguardia» y «referencia» en la lucha contra la violencia de género en España, tanto en la extensión de este concepto a nuevas víctimas, como en contar con más medios y en blindar los centros de protección.

En pleno proceso de renovación orgánica, el portavoz socialista, Luis Tudanca, presentó el pasado 10 de diciembre la proposición de ley para modificar la existente desde 2010 contra la violencia de género y adaptarse al pacto nacional, admitida a trámite dos días después en la reunión de la Mesa, pero sin que se haya tomado en consideración por el pleno.

En concreto, además de la violencia física y psicológica, extiende la norma este concepto y protección a el intento de condicionar la libertad sexual y reproductiva, la lucha contra la prostitución, la violencia vicaria y la violencia ejercida en entornos digitales, siempre combatidas con todos los medios.

La Junta ya había anunciado una ley propia, que se aprobó en el primer Consejo de Gobierno de 2025 (9 de enero). En la misma se tipifican nuevas formas de agresión, como la digital y tecnológica, la vicaria o la de segundo orden y se protege a más víctimas, como niñas y adolescentes en situación de violencia de género, menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive que convivan con la víctima y las mujeres castellanas y leonesas retornadas que hayan sido víctimas de esta violencia en otro país.

El presidente de la Junta afeó a la oposición socialista que se adelantara con esta norma cuando su Gobierno había anunciado y presentado el anteproyecto, pero, tras el cruce de reproches, la nueva ley para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista, que ambas partes marcan como un «compromiso inquebrantable», puede ser el primer acuerdo de esta legislatura entre entre Ejecutivo autonómico y PSOE de Castilla y León.

La respuesta del PP no se ha hecho esperar y este mismo sábado, tras conocer la noticia de que el PSOE retiraba su iniciativa, la presidenta de Nuevas Generaciones de Castilla y León y portavoz municipal de los populares en Burgos, Andrea Ballesteros, avisaba al PSOE de que su partido no va a «mercadear jamás con los derechos de las mujeres» para solucionar sus «juegos de tronos», en relación a los cambios que proyectan los socialistas en la Mesa de las Cortes, una vez se produzca la renuncia de la vicepresidenta segunda Ana Sánchez y el secretario primero Diego Moreno.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter) y respaldado por su partido, Andrea Ballesteros responde al PSOE de Carlos Martínez que el PP seguirá ofreciendo acuerdos para lograr la «mejor» ley de violencia de género, enviada por la Junta a principios de año a las Cortes, pero insiste en que «sin mercadear» con los derechos de las mujeres.