El Gobierno realoja a unos 150 inmigrantes procedentes de Canarias en el balneario de Medina del Campo (Valladolid)

En declaraciones a Ical, Gómez ha apelado a la «solidaridad y generosidad» de los medinenses y del equipo de Gobierno, que siempre «han recibido a todos con los brazos abiertos, sobre todo a quienes más lo necesitan», pero ha matizado su «decepción» en este caso concreto, también con la Delegación y Subdelegación del Gobierno, por «no haber tenido ni una sola noticia de esto, más allá de las redes sociales y los medios de comunicación». «Es muy preocupante porque afecta al principio de deslealtad», ha denunciado, visiblemente molesto.

A su juicio, existe incertidumbre por la llegada de un grupo tan importante de personas a una localidad como Medina del Campo, dado que «se desconoce si están identificados, en qué circunstancias sanitarias llegan, y en qué niveles de seguridad, porque lo hacen en plena alerta 4 terrorista». «Nadie tenía conocimiento de esto. No costaba nada al menos hacer una llamada», ha comentado Gómez, quien sostuvo que la Junta de Castilla y León «tampoco lo sabía».

A partir de ahora, ha proseguido, «desconocer» qué ocurrirá. «No sabemos si son hombres, si son mujeres… Solo me consta que están allí, pero no sé ni con quien están acompañados ni con qué recursos cuentan», ha concluido.

Por su parte, desde la dirección del balneario aseguran que se trata de un acuerdo firmado entre el Gobierno y la cadena Check in Hotels que gestiona las instalaciones medinenses. «Han llegado ellos como podría haber llegado otro grupo de clientes», apuntan, con las condiciones y tarifas que tengan pactadas con el Ejecutivo nacional.

Si bien, señalan que en este caso de «emergencia humanitaria», se trata más de una labor solidaria que de un «negocio propiamente dicho» y las tarifas contratadas suelen ser «las mínimas».

Han llegado 150 personas, que estarán en las instalaciones de Las Salinas, en principio un mes, según la previsión de la dirección, y no hay más clientes alojados. El Balneario se encontraba hasta ahora cerrado de forma «estacional» para «modernizar» los sistemas de calefacción y climatización, pero la llamada del Gobierno ha hecho acelerar su apertura.

«Está todo a punto y funcionando con normalidad», señalan porque la fecha de apertura estaba prevista en cualquier caso, de cara a la festividad del 1 de noviembre, para lo que tenían previstas reservas que se han derivado a otros lugares.

Además, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades han defendido que «lo normal es que el Gobierno central hubiera informado para poder coordinar la atención a las 150 personas inmigrantes«. Fuentes del departamento dirigido por Isabel Blanco, consultadas por Ical, han ensalzado que Castilla y León «ha demostrado siempre ser tierra de acogida y lo seguirá siendo», pero han reafirmado que, «aún siendo competencias estatales, la llegada de estas personas ha sido una decisión unilateral del Gobierno, que en ningún caso se ha puesto en comunicación con la Junta».

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También se han pronunciado sobre este asunto representantes políticos como el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, quien ha apelado a la "solidaridad" para justificar la llegada de inmigrantes a la Comunidad.

"Está ha sido hasta ahora la postura de la Junta, incluso siendo Igea vicepresidente, que abrió las puertas de Castilla y León. Nunca hemos tenido problemas y confío y deseo que siga siendo así a pesar de la llegada de la extrema derecha al Gobierno autonómico", ha recalcado.

Por otro lado, el portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, Carlos Menéndez ha señalado que la llegada de inmigrantes a la Comunidad "no es una planteamiento de necesitar ayuda o buscar refugio sino de emigración ilegal".

Por eso, ha señalado que "en el momento en el que se entra ilegalmente hay que devolverles, sobre todo si son menores". "Si es una cuestión de ayuda humanitaria, que sea en origen, porque detrás de los traslados hay mafias", ha concluido.