El Gobierno compromete ochenta millones para la Ciudad de la Justicia de Valladolid
La solución a la dispersión de sedes en la capital vallisoletana comenzará a tomar forma en 2024
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, firma el protocolo de la Ciudad de la Justicia con la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Ana María Sánchez
«Marcamos un hito en esta ciudad», nos «unimos en una voz y me congratula que se nos haya oído». Así valoraba el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Francisco Javier Carranza, el acuerdo firmado ayer por el Ministerio de Justicia y el ... Ayuntamiento de la capital del Pisuerga con el que se pone por escrito un «compromiso» con presupuesto y plazos de ejecución para levantar el Campus de la Justicia. Tras años de retrasos en los que parecía que nunca echaría a andar y después de que los profesionales del sector y todos los partidos con representación municipal sumaran fuerzas para exigir al Gobierno que acometiera el proyecto, éste ha fijado 2024 como fecha de inicio de las obras, que contarán con una dotación de 80 millones.
El acuerdo suscrito entre el alcalde, Óscar Puente, y la subsecretaria de Justicia, María Sánchez, recoge la hoja de ruta para la ejecución del proyecto anhelado para poner fin a la peregrinación de la comunidad judicial por la dispersión de sedes. Así, se establece que la primera operación será la cesión al Ministerio de las parcelas en las que se ubicará el Campus de la Justicia: la del Colegio El Salvador y la del espacio vacío del antiguo Hospital Río Ortega. Se espera que en enero se haya concluido.
Arrancarán entonces los trabajos para concretar el anteproyecto «de la mano» de las dos administraciones y con la colaboración de los interlocutores de la justicia para definir qué y cómo se ejecuta. Se han planificado dos fases y la intención del ayuntamiento y el sector es que en la primera, con un presupuesto de 50 millones y un plazo de ejecución entre 2024 y 2027, se levante un edificio que aborde la dispersión, poniendo bajo el mismo techo las sedes que hoy se diseminan por la plaza del Rosarillo, Nicolás Salmerón y la calle San José, para proceder en una segunda fase con las instalaciones que deban cubrir «necesidades futuras» y el aparcamiento, que bajo una dotación de 29,8 millones se desarrollaría entre 2028 y 2031.
Con este acuerdo, Puente agradeció la «voluntad» del Ministerio de «plasmar por fin» por escrito un «compromiso que «desbloquea completamente la situación» y «va mucho más allá de una declaración intenciones» y quiso «agradecer» el apoyo del sector judicial y de los grupos políticos que aunaron su voz, pese a que dos de ellos, Vox y PP, no acudieran a la firma.
La presidenta del Grupo Popular, Pilar del Olmo, consideró el acuerdo «una nueva tomadura de pelo» porque «no es vinculante» y los Presupuestos no lo contemplan. El Gobierno apunta a partidas no territorializadas, pero el PP insiste en que se tendrían que haber incorporado por enmiendas.
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