La Fiscalía pide 18 años y medio de prisión al exedil Pedro Muñoz por un delito de lesiones a su exmujer

Sin embargo, pide la libre absolución del delito de homicidio en grado de tentativa y por el que estuvo varios meses en prisión preventiva. Esta decisión obedece a que la Fiscalía considera, según recoge en su auto, que el procesado, «tras ejecutar hechos dirigidos a acabar con la vida de su esposa, se arrepintió, la colocó en una posición de seguridad y alertó al 112 pidiendo ayuda, presentándose los servicios médicos en el lugar y trasladando a la víctima en estado de extrema gravedad».

La decisión de la Fiscalía de no reclamar el delito de homicidio en el grado de tentativa fue la que ha provocado que la Asociación Feministas Bercianas haya convocado a las 21.00 horas de este martes una concentración en Ponferrada contra lo que consideran un cambio de criterio de la fiscalía.

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En su escrito, describe el momento en el que se produjo la cruel agresión -una de tantas-. Fue el 27 de mayo de 2020 durante el confinamiento por la pandemia. Tras una larga discusión, sobre las 22 horas y mientras la mujer se encontraba en la terraza de la parte superior de la vivienda, «su marido se dirigió a ella, la agarró por el cuello y la lanzó por el balcón, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza. Después, la arrastró hacia el salón y cogió un palo con el que la golpeó en repetidas ocasiones además de propinarle golpes por otras zonas del cuerpo consistentes en patadas y puñetazos».

Por este hecho concreto, que se suma a otros anteriores que también recoge el escrito, la mujer sufrió importantes secuelas y deficiencias psicofísicas «que le imposibilitan para la realización de cualquier tipo de profesión u oficio, precisando asistencia para todas las actividad básicas de la vida diaria». Además, el informe forense llega a establecer 17 lesiones sufridas por Raquel en los años de convivencia con la que era su pareja.

En sus conclusiones provisionales, considera que desde el inicio de la convivencia de la pareja «la relación vino marcada por el carácter controlador y dominante del procesado» que «mermó día a día» la autoestima de la víctima «con un comportamiento de maltrato emocional sistemático a todos los niveles» tanto con insultos y «echándola de casa en varias ocasiones» como en el ámbito laboral «generando miedo a contradecirle, pues trabajaban juntos en política»

Del mismo modo –continúa el escrito– «la controlaba de forma obsesiva limitando sus relaciones tanto con su entorno familiar como con sus amistades» hasta el punto de que la mujer llegó «a alquilar pisos en los que se refugiaba cuando mantenía discusiones» con Muñoz «para no ser localizada».

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A la «violencia psicológica» también «se acompañaba la física» porque «muchas discusiones desembocaban en agresiones de diferente intensidad que provocaban lesiones en la víctima que ésta maquillaba y ocultaba por la vergüenza que sentía al haber sido siempre una mujer independiente y con formación en violencia de género».

Incluso, según Fiscalía, «la sumisión llegó a tal punto que para evitar comentarios en el entorno político y siguiendo instrucciones de su marido, acudió a un notario para otorgar un acta de manifestación en la que afirmaba no haber sido maltratada jamás por su esposo».

Fiscalía solicita que el acusado no pueda acercarse a la víctima en 24 años ni mantener comunicación con ella por cualquier medio. Además, solicita una indemnización para Raquel Díaz de 1.120.000 euros por responsabilidad civil de Muñoz, al dejar a su esposa en una situación de vulnerabilidad extrema, sin poder valerse por sí misma. Una cantidad a la que suma el pago de 74.000 euros para los servicios de atención sanitaria del Sacyl y 48.000 euros para el sistema sanitario de Castilla La Mancha, por las atenciones a la víctima en el Hospital de Parapléjicos de Toledo.

Raquel Díaz será llamada a declarar a juicio, que se convocará próximamente y al que Muñoz llegará desde una situación de libertad provisional que mantiene, después de que se tuviera que adoptar esa medida por haber pasado los dos años de prisión preventiva pertinentes.