La FEMP exige al Gobierno «modificar y mejorar» la regulación de la tasa de basuras

Así lo establece la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a las entidades locales a su establecimiento en 2025, obligación que a su vez viene impuesta por una directiva europea. La ley obedece al principio de que 'quien contamina paga'.

Martínez-Sicluna explicó que la FEMP, en su Junta de Gobierno del mes de octubre, aprobó de forma unánime una declaración institucional en la que todas las fuerzas políticas presentes en la misma solicitaban al Ejecutivo la reforma de la Ley de Economía Circular de la Ley 7/2022, al considerar que la tasa obligatoria de basura «no se compadece o viola la autonomía municipal».

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«Los municipios ya son protagonistas, son adultos a la hora de decidir qué tributos, qué tasas tienen que establecerse y, por tanto, una obligatoria vulnera esa economía circular», explicó Martínez-Sicluna, quien, además, consideró que, tal y como está configurada la ley, «no aporta seguridad jurídica y puede ser objeto de recursos por parte de los ciudadanos, que verán incrementada una tasa de basura en municipios en los que ya existe, mientras en los que no está implantada se tendrá que establecer ex novo cuando ahora no se pagaba ninguna cantidad por ese concepto».

Igualmente, recordó que la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ya trasladó esta reivindicación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos mantuvieron el 25 de noviembre, si bien lamentó que hasta el momento no se ha obtenido respuesta a este planteamiento.