«Queremos que la educación especial se mantenga tal y como está y que las familias tengan derecho a elegir». Esa es la reivindicación de las asociaciones de padres y madres de alumnos de estos centros en Castilla y León, que agrupan a unas ... 300 familias, ante «la deriva silenciosa» iniciada por el Gobierno central para que todos los escolares con discapacidad pasen a colegios ordinarios, tal y como recoge la ley educativa Lomloe con el límite temporal de 2030 y como señala un informe de un comité de la ONU que habla incluso de «abolir» y «cerrar» la educación especial.
Además, exigen que se frene la «transformación» hacia una atención meramente «asistencial» en estos centros en los que sí «se enseña lengua o matemáticas y hay un contenido educativo».
En una rueda de prensa, Inés Juan, en representación del colectivo, aseguró que alrededor de un 17 por ciento de menores con discapacidad acuden a la educación especial, donde hay «pedagogía terapeútica, fisioterapia coordinada con los servicios sanitarios, deporte adaptado...». «Aquí no se puede separar educación y salud», recalcó, además de asegurar que en la educación especial «no hay acoso ni exclusión».
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