Un estudio plantea que la sociedad «debe pagar» por el uso de los recursos que brindan los pueblos
Revela el «enorme potencial» del medio rural, aunque no va acompañado del incremento de población
Los servicios «ecosistémicos» que sirve el medio rural son «muchísimos», y la sociedad «que hace uso de ellos debe pagarlo». Es una de las conclusiones de un 'Estudio de situación de las empresas rurales en Castilla y León tendente a identificar las oportunidades del medio rural de Castilla y León en la era Covid' llevado a cabo en el marco del Proyecto de Cooperación Regional Leader +empresas +empleo + rural. Un verano aciago en la lucha contra los incendios que ha puesto de manifiesto la importancia de «todos» de cuidar el entorno, los alimentos... son prueba de lo que desde los pueblos se brinda, ha defendido el profesora e investigadora de Universidad de Valladolid Milagros Alario, al exponer los resultados del informe y las propuestas que plantean para sacar partido a ese «enorme potencial» que han detectado que tienen los pueblos, unos espacios «muy dinámicos» e «innovadores», pese a la «sensación de atonía».
Y es que, ha subrayado la profesora Alario, en el diagnóstico llevado a cabo en once territorios rurales de seis provincias -todas, menos Ávila, Soria y Zamora-, coincidente con otros tantos grupos de acción local, pero con resultados extrapolables al conjunto de Castilla y León, salvando los matices, «se ha detectado que globlamente, el empleo crece, pero la población disminuye». «No vale sólo la generación de empleo», ha subrayado en la presentación del estudio, en el que también proponen posibles soluciones.
En primer lugar, el «contexto social», pues «los jóvenes no se quedan si no hay más jóvenes», y la situación se agrava en el caso de las mujeres; además, también figura entre los problemas detectados en todos los casos la «falta de vivienda». Más concretamente, ha precisado la profesora, «hay que encontrar una solución de gestión», pues hay «un montón» de viviendas sin ocupar o en ruinas. En este sentido, ha planteado que los ayuntamientos tengan mayor margen de actuación legal para «agilizar» la puesta en el mercado de esas infraestructuras «infrautilizadas».
Calve también el acceso a los servicios en condiciones de «igualdad», para lo que propone una red de transporte «ágil y flexible».
El trabajo ha sido desarrollado por el grupo de investigación Medio Rural de la Universidad de Valladolid en colaboración con la de Burgos. Y en él han participado cerca de 1.000 empresas y agentes sociales.
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