El estudio de arquitectos de la 'Perla' confirma que conoció el proyecto y tuvo el pliego antes de ser público

El primer contacto, ha explicado el testigo en la Audiencia de Valladolid, fue dos responsables de la empresa imputados por la trama -German Giraldo y Ángel Román Montes- en torno a mayo de 2005. Tras los apuntes ofrecidos por estos, y según su testimonio, se tuvo en consideración tres parcelas -ninguna de ellas fue la que finalmente acogió la 'Perla Negra'- y se plantearon los posibles trabajos de futuro en caso de que fuera efectiva la convocatoria de ese concurso, que llegaría en enero de 2006. En diciembre ya tenían sobre su mesa el pliego de condiciones, o al menos «unas notas» del mismo, ha apuntado el gerente del estudio de arquitectura Lamela y Asociados, Francisco López de Blas. Urban Proyecta fue la adjudicataria al ser la única propuesta que se presentó.

Por otro lado, la quinta sesión del macrojuicio por la 'Perla Negra' y el malogrado parque empresarial del Portillo, por el que están encausadas doce personas entre exaltos cargos y empresarios, ha ahondado también en otra de las adjudicaciones puestas en cuestión en el proceso. En este caso por la ausencia de concurso pese a la elevada cuantía del contrato, de 4,4 millones de euros. Se trata de la actuaciones que se realizaron en el interior del edificio con el ánimo de realizar una división que permitiera organizar los distintos servicios administrativos que se iban a alojar allí y que corrieron a cargo de Unifica, la empresa al frente de la polémica reforma del PP en Génova.

A este respecto la que fuera gerente de Unifica Servicios Integrales, María Belén García, ha explicado que contactaron con Urban Proyecta tras conocer que se estaba levantando un nuevo edificio y les ofrecieron un planteamiento de organización del interior porque «nos ayuda a conocer a futuros clientes». Así, dice, llegaron a «personas de la Junta». «Nos dijeron claramente que no se adjudicaba a dedo» e «hicieron una especie de concurso».

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Ante la ausencia oficial de concurso y la insistencia de la Fiscal, la testigo ha clarificado que no hubo un concurso «típico» de las administraciones, sino que les mandaron un formulario de presupuesto para que plantearan su oferta. «Entiendo que lo hicieron con más» empresas del sector, ha señalado argumentando que les pidieron nombres de otro negocios del ramo en Castilla y León. El documento fue devuelto con la firma de Rafael Delgado, acusado y exviceconsejero de Economía, lo cual se interpretó como que les habían «adjudicado» los trabajos.

Este martes prosigue el juicio con la declaración como testigo de la exconsejera de Hacienda Pilar del Olmo. El jueves será el turno de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta en los años en los que se desarrolló esta trama por la que la Fiscalía pide penas de entre cuatro y once años de prisión para los acusados, así como una indemnización de 16 millones de euros, el perjuicio a las arcas autonómicas que se estima que dejaron sendas operaciones urbanísticas.