Enresa comenzará a cargar los contenedores de combustible gastado de Garoña la segunda quincena de enero

Así lo ha trasladado a los medios el responsable del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, Manuel Ondaro del Pino, durante una visita informativa sobre el proyecto de desmantelamiento y clausura de la instalación.

El combustible gastado se almacenará en 49 contenedores que permanecerán en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) junto a otros aproximadamente seis de residuos especiales -con los componentes internos del reactor ya en la segunda fase-, pero estos de características diferentes.

A la intemperie y en dos grandes losas antisísmicas, Garoña guardará tanto el combustible gastado en ella como los residuos de alta actividad hasta el año 2073, fecha en la que se trasladarán definitivamente a un Almacén Geológico Profundo (AGP).

Nuclenor llenó el primer contenedor -de estos 49- antes de la transferencia de la titularidad a Enresa, que ahora continuará con la carga de cuatro contenedores tras haber implementado medidas adicionales de seguridad a petición del Consejo Regulador de Seguridad Nuclear.

«Vamos a empezar la próxima semana con las pruebas de las diferentes actividades y los diferentes procedimientos a ejecutar porque nuestra intención es en la segunda quincena de enero poder empezar con la con la carga de los cuatro contenedores que nos quedan pendientes de la de esta primera fase y luego ya vendrán los restantes hasta completar los 49», ha explicado Ondaro, que ha precisado que el proceso de carga de cada contenedor es de dos semanas.

Ondaro, que también dirigió el desmantelamiento de la central José Cabrera (Guadalajara), ha trasladado que en estos procesos hay una serie de actividades que «se acometen siempre», aunque las particularidades de cada central hacen necesario que se diseñe un «traje a medida» adaptado a la tecnología o la tipología de los edificios.

«Las centrales no fueron diseñadas para desmantelarlas», ha apostillado el máximo responsable de este proceso, al tiempo que ha detallado que una vez se haya realizado la gestión del combustible gastado y tengan la licencia del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) para la Fase 2 comenzarán con el desmontaje de los grandes componentes, en este caso de los internos de la vasija, el secador, el evaporador y realizarán la gestión de los residuos.

Posteriormente, descontaminarán las paredes de los edificios para demostrar que se pueden demoler de forma convencional y, por último, Enresa también se encargará de la vigilancia radiológica del lugar. Así, cuando reciban el visto bueno del CSN devolverán la instalación al propietario, en este caso, a Nuclenor. Todo ello, en un plazo estimado de 10 años - tres años la Fase 1 y siete años la Fase 2-.

En cuanto a la estimación presupuestaria de las dos fases, aunque puede haber una reestimación, el coste inicial es de 475 millones de euros a los que habría que sumar 180 millones de euros correspondientes del coste de los contenedores de combustible gastado.

Respecto al personal que durante esta década en la que se va a acometer el desmantelamiento, Ondaro los ha dividido en tres grandes bloques. Por un lado, el personal de Enresa que se compone de 31 personas en los diferentes servicios, casi el doble que se empleó en el proceso de José Cabrera; por otro lado, el personal de Nuclenor en prestación de servicios, alrededor de 70 personas; y también unas 185 personas de diferentes empresas colaboradoras en diferentes ámbitos. En la fase última se acomodará el personal al trabajo e irá «a la baja», ha deslizado Ondaro.

En este sentido, ha asegurado que la seguridad está garantizada y que, para ello, cuentan con un servicio especial de protección radiológica y seguridad, tanto física como industrial, en el que están trabajando unas 70 personas. Además, para el resto de trabajadores que van a pertenecer a este proceso, están ejecutando un programa de formación que incluye un gran volumen de formación relacionada con la seguridad convencional y radiológica.