La empleada municipal acusada de quedarse con 160.000 euros de sus vecinos: «Siento vergüenza, pero fue por mi ludopatía»

La primera jornada del juicio, iniciada en la Audiencia de Valladolid, se ha limitado a la constitución del jurado, a la exposición de los alegatos iniciales de la fiscal, la acusación particular -en representación del Ayuntamiento de Tordesillas- y de la defensa, así como al interrogatorio de la propia encausada, quien ha reconocido su total culpa aunque ha alegado no recordar el año concreto en el que comenzó con su actividad delictiva a partir de que desde 2011 fuera contratada por las referidas entidades locales menores en calidad de administrativa.

Desde dicho puesto, Esther M.R. comenzó primero a hacerse con las cantidades en metálico que los vecinos de ambas entidades le entregaban por las tasas de agua, alcantarillado y basuras, para lo que firmaba una carta de pago o recibí, y más adelante, a través de otra fórmula, efectuó transferencias de las cuentas públicas simulando pagos a proveedores, fundamentalmente a Iberdrola, que en realidad se embolsaba en sendas cuentas bancarias de la que era titular.

Al respecto, la acusada, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha mostrado su arrepentimiento, sin que fuera capaz incluso de leer las informaciones en prensa sobre su caso por la «vergüenza» que asegura sentir, pero en su descargo mantiene que en aquella época la ludopatía que sufría le impedía ser consciente de lo que estaba haciendo. «No pensaba que me llevaba el dinero porque la idea fue siempre devolverlo todo jugando a la lotería. Jugaba mucho, aunque nunca me ha tocado nada, a lo sumo cien euros. Me sentía muy frustrada y esa era mi válvula de escape», ha lamentado Esther, quien ha reconocido que parte del dinero también lo usó para realizar compras de bolsos, ropa y cremas, entre otros efectos.

La mujer incluso ha relatado haber sufrido un accidente de tráfico en el que resultó con lesiones y que el mismo no fue, según ella, fortuito sino un intento de suicidio con motivo del estado de enajenación en el que se encontraba.

Una vez sentado que la acusada ha reconocido los hechos, el presente juicio con jurado se centra en determinar el grado de imputabilidad de la autora, algo que tanto la fiscal del caso como el Ayuntamiento de Tordesillas consideran pleno y por ello solicitan, con carácter provisional, penas de cinco y ocho años de cárcel y quince y veinte años de inhabilitación, respectivamente.

Mientras, la defensa pide la absolución -considera de aplicación la eximente completa de ludopatía grave- y alternativamente dos años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la condena siempre que su patrocinada siga tratamiento.

El defensor sostiene la idea de que su clienta no debería ser la única acusada sino que «tenía que haber más personas en el banquillo», aquellas que durante dos años no impidieron que Esther realizara cientos y cientos de transferencias de dinero público por 160.000 euros a sus propias cuentas, en alusión directa al interventor. «Aquí nadie controló nada. Se dice que el caso se descubrió a raíz de un estudio del interventor, ¿pero qué demonios de estudio si al final se dieron cuenta de lo que estaba pasando, dos años después, porque no había fondos para pagar un miserable recibo. Dónde estaba la administración?», ha criticado el letrado de la acusada durante la sesión.