Dieciséis detenidos por un fraude a la Seguridad Social de más de un millón de euros a través de una trama empresarial en el sector vitivinícola

Los agentes comprobaron que las 29 empresas investigadas se dedicaban a proporcionar mano de obra para la agricultura a terceros, a otras mercantiles o empresarios. Se mantenían en el tiempo y lograban la supervivencia debido a los contratos obtenidos por el precio mínimo al que ofertan sus servicios, además de ofertar mano de obra a tan bajo coste gracias a la utilización de trabajadores captados en su país de origen, Bulgaria, a la que pagaban cantidades mínimas o que, en algunos casos, ni siquiera cobraban algunos periodos.

Además, no pagaban las cuotas de Seguridad Social, por lo que los empresarios con mayor preponderancia del grupo creaban continuamente nuevas razones sociales, correspondientes a nuevos empresarios autónomos, cuyos titulares eran meros testaferros. Para ello utilizaban a familiares y amigos, aunque también recurrían en algunas ocasiones a simples empleados a los que convencían bajo alguna promesa o recompensa económica para darse de alta como un falso autónomo. Otros de estos falsos empresarios, desconocían por completo que estaban dados de alta como empresarios con empleados a su cargo, o lo hacían bajo presión de los responsables de la red.

En general, los investigadores detectaron indicios suficientes del empleo de testaferros que figuraban como titulares de la mayoría de las razones sociales utilizadas. De este modo, consiguieron diluir los importes de las deudas y dificultar el cobro de las mismas ocultando la identidad del obligado al pago real.

La investigación comenzó a finales del año 2022, cuando los agentes detectaron actuaciones irregulares llevadas a cabo por un empresario autónomo con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que ocho empresarios compartían similares características que indicaban un modus operandi predeterminado, informa Ical.

Las pesquisas se encaminaron a buscar mercantiles o empresarios autónomos cuyos titulares hubiesen a su vez trabajado en la misma actividad o para algunos de los autónomos investigados o, por analogía, en alguna de las nuevas razones sociales que iban surgiendo, siendo por tanto jefes y empleados en distintos momentos, pero siempre en localizaciones y en sectores de actividad bastantes específicos.

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En el trascurso de la investigación, los agentes definieron un entramado empresarial que compartían un mismo 'modus operandi'. Así estaría conformado por empresarios autónomos del mismo territorio y dedicados a las mismas actividades agrícolas, concretamente a la preparación de las viñas, conservación de las vides y recolección de uva, y que eran subcontratados por jornadas, formando parte de cuadrillas, para mercantiles u otros empresarios del sector vitivinícola.

En el entorno investigado, ningún empresario cumplía con sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de la existencia de impagos sistemáticos de diferentes cuantías, los más habituales se correspondían con impagos menores, pero muy frecuentes.

Los agentes detectaron vínculos personales entre los responsables y diferenciaron tres subgrupos, en función de relaciones de «familiaridad» o «amistad». El empresario con trabajadores a su cargo, en un periodo, pasaba a ser «empleado» de uno de los «trabajadores» que tenía en el siguiente periodo, repitiéndose este proceso, sucesivamente, entre todos los miembros de un subgrupo o «familia». En todos los subgrupos, existía un importante trasvase de trabajadores entre los empresarios autónomos que los componían.