Las defensas de acusados de la 'Perla Negra' instan a la nulidad y la prescripción al volver el caso a juicio

Fue precisamente en este punto cuando la vista quedó en suspenso en 2022. Entonces se alegó que no se disponía de toda documentación de la instrucción entre las partes, un extremo que compartió también Fiscalía y que desembocó en la decisión de los magistrados de remitir de nuevo el proceso a instrucción para solucionar esos errores. Pues bien, el traslado posterior, a ojos de la mayoría de las defensas, continuaría arrastrando defectos, y han vuelto a clamar por pisar el freno en el procedimiento que desde 2013 investiga las gestiones en torno a la 'Perla Negra' y el parque empresarial de Portillo por supuestos delitos de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En concreto, respecto al traslado de documentos, se ha aludido a la ausencia de certificación de los mismos -que «impide saber si esos son todos»- y a que su disposición es «un desastre», según han señalado los letrados de buena parte de los acusados. Otros, como el del ex director financiero de Gesturcal Francisco Armero, a quien la semana pasada señalaba el PSOE que la Junta le habría adjudicado fondos europeos, se ha opuesto a una nueva suspensión ante «una pena de banquillo insoportable».

Las tres acusaciones -Ministerio Público, Junta y PSOE- han considerado que no ha lugar al entender que si bien «es cierto» que no se ha realizado la citada certificación y que el proceso ha sido «anómalo», ello «no implica falta de traslado», que consideran que se ha llevado a término.

La segunda cuestión previa planteada por varias defensas ha sido la prescripción de delitos, una alegación ante la que se ha recordado como en 2018 se archivó la causa contra diez de los catorce imputados del caso PGOU de Valladolid por este motivo. Estiman que los hechos acontecieron una década antes de la acción judicial. El inicio de la trama se data en 2005, la causa arranca tras una denuncia anónima de finales de 2012, los primeros autos se remiten en 2015 y las declaraciones a 2017. De nuevo las tres acusaciones han rechazado tal extremo.

Como ejemplo, el delito de revelación de secretos. Las defensas lo sitúan antes de que la propuesta de un nuevo edificio fuera oficial (2005), momento en el que supuestamente ya sabían de estos planes en la empresa que levantaría el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda. Sin embargo, la Fiscalía apunta como principal argumento que el delito es continuado, no se circunscribe sólo a ese hecho, sino que se prolonga.

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Entre el resto de cuestiones planteadas este lunes a lo largo de tres horas y media de vista, las dilaciones indebidas, que algunos han apuntado como causa de nulidad y otros de atenuante; la propuesta por el letrado de Rafael Delgado que llamaba a «expulsar» a la Junta como parte; o la falta de «concreción» de las acusaciones en sus escritos que alguna defensa ha definido como «pasaporte a la imaginación» y que la Fiscalía ha rechazado al estimar que la descripción de hechos es «sucinta pero suficiente».

Todas ellas serán resueltas el lunes, fecha fijada por los magistrados, que adelantan la sesión del próximo lunes media hora con el fin de resolver las cuestiones en ese lapso y que, así, si no se estiman esos alegatos el juicio arranque según lo previsto y comience las seis primeras testificales sobre el caso por el que están imputados cinco ex altos cargos y siete empresarios que se enfrentan a una petición conjunta de pena de 79 años por parte de Fiscalía. Las más altas, para los ex viceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el que fuera delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, para los que el Ministerio Público solicita once años. Para el resto propone entre cuatro y seis de privación de libertad.