La defensa del 'caso Meseta Ski' reclama la prescripción del delito de prevaricación

Las defensas de los acusados solicitan la prescripción del delito de prevaricación del que están acusados y por el que desde la Fiscalía se reclama una pena de siete años de inhabilitación para el ejercicio del cargo público, a la vez que también se argumentó dilaciones indebidas en el proceso, dado que la fase de instrucción se prolongó durante cinco años.

Ambos argumentos fueron rechazado por la Fiscalía y la acusación popular, que en su caso reclama para los acusados once años de inhabilitación y una indemnización que roza los doce millones, que argumentaron que la propia Audiencia Provincial ya se pronunció sobre la prevaricación, considerando que desde el último hecho punible no han pasado los diez años que establece la ley.

Antes del inicio de la vista, tanto el portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla y León, Luis Oviedo, como el portavoz en la Diputación de Valladolid Toma la Palabra, Julio Pereda, lamentaron que este juicio se celebre con 16 años de «retraso». También destacaron que este caso, en el que también se produjo una clara «malversación» de fondos públicos, se está juzgando gracias a su denuncia ante la Fiscalía.

El Ministerio Público pide para cada uno de los acusados una pena de siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de prevaricación por un proyecto que arrancó con una inversión prevista de cinco millones y que finalmente se disparó hasta los 12 millones, informa Ical.

Los hechos se remontan a principios del año 2006 cuando Sodeva se planteó abrir un centro de deportes de invierno y encargó un informe al objeto de analizar las potenciales localizaciones para la realización de una pista de sky y snowboard sintética en la provincia. Para este proyecto, se tomó como referencia la pista que se está ejecutando en la localidad francesa de Ville de Noeux les Mines y se decide que se ubique en Tordesillas, estimando una inversión prevista de cinco millones de euros para una pista de 30 por 20 metros para principiantes y otra de 250 por 30 metros para avanzados.

De esta forma el marzo de 2006 el Consejo de Administración de Sodeva, presidido por Alfonso Centeno, aprobó por unanimidad la documentación relativa a la redacción del proyecto técnico, dirección de las obras y ejecución de las obras de construcción de una estación de sky seco, el diseño corporativo del complejo, el mantenimiento de las instalaciones, así como su explotación de los servicios de venta de entradas, alquiler de equipos y material, alojamientos, cafetería, restauración, actividades deportivas y demás servicios adicionales durante dos años, en la localidad de Villavieja del Cerro (Tordesillas), por un importe ligeramente superior a los cuatro millones de euros.

Finalmente, el proyecto fue adjudicado en junio a la empresa Corsan-Corviam por un importe de 4,06 millones de euros, IVA incluido, pero las obras no empezaron en la fecha prevista, dado que tras una visita del Consejo de Administración a unas instalaciones similares a las que se pretendía construir, se decide reconsiderar la longitud y la superficie elegida, por lo que se hace llegar a la empresa adjudicataria una nueva oferta técnico-económica.

Las obras arrancaron el 27 de julio de 2006, tras la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Tordesillas, y ese mismo día Sodeva pide una oferta económica a la empresa adjudicataria, sin comunicación a la otra empresa que se presentó al concurso inicial, para la construcción de dos pistas que triplican la longitud que las iniciales. Días después, Corsan-Corviam aporta un presupuesto de casi 7,4 millones de euros. A pesar de este notable incremento, desde Sodeva se considera que no ha existido una modificación sustancial del contrato y que no es necesario convocar un nuevo concurso.

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En este punto, el fiscal sostiene que los trabajos se iniciaron sin ajustarse al proyecto finalmente ofertado y adjudicado y sin que ello fuera tenido en cuenta a la hora de obtener licencias urbanísticas y medioambientales. Además, también arrancaron sin la aprobación del consejo de Sodeva, que no emitió su voto favorable al denominado presupuesto complementario hasta el 17 de noviembre de 2006. Su aprobación supuso un incremento sobre el presupuesto inicial de casi tres millones de euros.

Las obras se suspendieron en noviembre de 2006 por el Ayuntamiento de Tordesillas. Después se reanudaron en enero de 2007 y arrancaron los problemas con las licencias que acabaron en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Valladolid con la paralización del proyecto. En el año 2018, las obras serían parcialmente demolidas con el fin de dar cumplimiento a una sentencia judicial.