Las Cortes no encuentran la 'Concordia'

Mañueco ha defendido la norma con la primera pregunta, la del portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, quien ha centrado sus críticas en el hecho de que la citada proposición «impugna el legado del PP y de Juan Vicente Herrera», ya que supone la derogación del Decreto de Memoria Democrática de 2018.

Ha arrancado el popular su intervención señalando que «son los grupos parlamentarios los que tienen que hablar». Sin embargo, a renglón seguido ha asegurado que «el texto me parece una norma más completa y actual, que sigue las recomendaciones de la UE para mejorar la atención a las víctimas, con más derechos, en un periodo más amplio y respetado el marco constitucional».

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«No tiene más derechos sino más derechas», le ha espetado Tudanca, para quien Mañueco «ha entregado las llaves de Castilla y León al franquismo con esta norma», ha enterrado «todo lo que fue el PP y pone el último clavo en el ataúd de un partido que fue de Estado».

El procurador socialista ha recordado cómo en las mismas Cortes de Castilla y León se llegó a aprobar hace dos legislaturas una iniciativa de reconocimiento a Rafael Abril, un ferroviario represaliado, y en su nombre a todas las víctimas. «Aquel día votó a favor, hoy nos demuestra lo que vale su moral, su compromiso ético y su palabra; no valen nada», ha zanjado, y ha concluido advirtiendo al presidente de la Junta de que «no vamos a permitir una ley de discordia que blanquea la dictadura».

Pero Mañueco ha insistido en que la proposición de ley «iguala a todas las víctimas, no diferencia entre buenas y malas» y acusó a los socialistas de ser los que «han roto el consenso con la Ley de Amnistía y la de Memoria Democrática que han pactado con los herederos de ETA». «Son ustedes los que blanquean al franquismo y al terrorismo. No hagan teatro porque les ahogan sus escándalos, sólo quieren tapar sus mordidas indecentes y ahora viene una amnistía infame. Nadie puede tapar tanta inmoralidad política», ha concluido Mañueco.

Ha llegado después el turno del portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, que también se ha referido a la ley de Concordia pero para pedir al presidente de la Junta que se deje de «ocurrencias políticas y empiece a trabajar en lo que realmente importa para el desarrollo de las regiones de León y Castilla».

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El leonesista ha aprovechado, como ya ha hecho en otras ocasiones, para reprochar a los populares que lleven a las Cortes iniciativas de calado nacional que sólo buscan «animar el cotarro y el salseo». Unas palabras que Mañueco ha respondido acusándole de «estar al lado de los que están contra los intereses de León», en referencia a los pactos de la UPL con el PSOE.

El último portavoz en interpelar al presidente de la Junta fue el de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que, como es costumbre en él, ha desplegado una interminable lista de descalificativos para referirse a la iniciativa legislativa que resumió en que es «una ley de mierda y una basura» que hace «un ajuste de cuentas con el franquismo».

Ha asegurado, además, que «no es demócrata equiparar a las víctimas de la dictadura con la II República y a los represaliados con los opresores» y ha terminado por acusar a Mañueco de «pensar, actuar y comportarse como un franquista». Afirmaciones que para el presidente de la Junta demuestran que Fernández tiene una «visión sesgada de la historia por su fanatismo ideológico» y que es «un vertedero de odio y un sectario» al que, incluso, «le da alergia la convivencia con sus propios socios y confluencias porque es incapaz de convivir con nadie».

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, han protagonizado el último cara a cara de las preguntas de control en el que cada uno narró lo que desde su punto de vista es una dictadura. El ex de Ciudadanos ha preguntado al número dos del Gobierno autonómico por su afirmación realizada días atrás de que el momento político actual se asemeja a una dictadura.

Gallardo se ha reafirmado en la «deriva autocrática del Gobierno» con ejemplos como la falta de separación de poderes o el hecho de que sea «el Ejecutivo el que dice al judicial lo que se debe juzgar». Para Igea, en cambio, lo que no se podría realizar en una dictadura, y sí en España, es manifestarse frente a un partido, como Gallardo realizó hace meses frente a al sede del PSOE.