Las Cortes de Castilla y León exigen que Muface siga igual ante el riesgo de «colapso» de la sanidad pública

Fue el procurador del PP Óscar Reguera el encargado de defender la postura de los suyos asegurando que mantener el vigente sistema de asistencia a los funcionarios, en el que pueden elegir entre atención pública o concertada en mutuas, será «más barato» y generará «menos problemas al sistema». Así, detalló que el gasto medio nacional por tarjeta sanitaria es de 1.736 euros, mientras que en Castilla y León, «por sus características de envejecimiento y dispersión», asciende a más de 2.100. «Hay una infrafinanciación y eso es lo que hay que corregir y no acabar con Muface», sentenció.

La propuesta de subida de un 17 por ciento no ha convencido a las mutuas, que han decidido no presentarse al concurso. El parlamentario popular rechazó lo que considera un «plan ideológico» de una «izquierda trasnochada, sectaria y radical» para terminar con Muface y pidió mantener el actual sistema para evitar que problemas como el «déficit» de médicos se agrave en Castilla y León con la llegada de los 110.000 mutualistas de la Comunidad a la Seguridad Social.

En la misma línea se expresó Rebeca Arroyo (Vox), quien afirmó que los empleados públicos y sus familias están «inquietos» y que la desaparición de Muface supondrá 1.200 millones más de gasto sanitario e incrementos en las listas de espera, a la vez que, según los informes a los que aludió, se eliminarán 13.000 puestos de trabajo en el sector privado. También UPL-Soria ¡Ya! advirtió de que un sistema «al borde del colapso» no será «capaz» de asumir una «transición masiva» de funcionarios, por lo que José Ramón García apostó por afrontar la situación con «realismo» y con «menos populismo».

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El PSOE, por su parte, se mostró a favor del texto modificado una vez aceptada su propuesta por parte de los populares y defendió que el Ejecutivo central está ya trabajando en un informe sobre la «viabilidad» del concierto y «revisando» los pliegos para publicar una nueva licitación. La socialista Yolanda Sacristán quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad» a los empleados públicos y se desmarcó del «alarmismo» expresado por el resto. En contra votó el ex de Ciudadanos, Francisco Igea, quien dijo que un 30 por ciento de los funcionarios ya acuden al sistema público, mientras que Unidas Podemos también dijo no porque «no va a haber ningún colapso», según Pablo Fernández.