Los contratistas prevén que los costes eleven al 8% las obras públicas desiertas

Ya en el primer trimestre de este ejercicio, casi el 6% de las 554 por las que pudieron pujar no encontraron quién lo hiciera. Y con la previsión hasta fin de año, calculan que de las aproximadamente 4.400 obras previstas por parte de Gobierno central, Junta, diputaciones y ayuntamientos, más de 350 no podrán hacerse realidad, lo que supone también un impacto «social», alertó Pascual, ya que ciudadanos que «necesitan» esas actuaciones «van a salir perjudicados».

La afección es mayor, advirtió, en los pequeños municipios, que tienen «más problemas» en encontrar empresas que lleven a cabo sus inversiones. Por un importe medio de unos 300.000 euros, ya se dejaron en el cajón al quedar desiertas unos 56 millones de euros, aunque el presidente de la Cámara de Contratistas puso especial acento en el «agravio comparativo» que supone para estos núcleos de población, por lo que pidió a las administraciones que «tomen nota y no hablar tanto de la España vacía». «Se dejan de hacer donde se necesitan», recalcó.Pese al escollo de los elevados precios, creen que 2023 será «igualmente positivo» para las empresas de obras públicas, cuando prevén que se liciten inversiones por 2.322 millones de euros entre Gobierno, Junta, diputaciones y ayuntamientos en Castilla y León.

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Por encima de los 1.695 millones de un «buen» 2022, que superó a las cifras de 2021, con la administración autonómica a la cabeza del montante (706 millones, más del doble que el ejercicio anterior) y la nacional y local en cuantías similares (488 y 501 millones, respectivamente). Eso sí, con gran diferencia en cumplimiento: mientras ayuntamientos y diputaciones lo hicieron con tres de cada cuatro euros previstos, la Junta superó el 90% y el Estado se quedó en el 39.Las cifras de este primer trimestre alientan el optimismo de los contratistas. Sólo entre enero y marzo ya se han licitado más de 550 obras por 641 millones, con subidas sobre todo en las que tienen cargo a la Administración central y las locales, y ligera caída en la autonómica, que fue la que más disparó sus números en 2022. Las citas electorales (generales y municipales este año, y regional, el pasado) están detrás de las cifras en ambos ejercicios, señaló Pascual.

Eso sí, no todas las previstas en los diferentes presupuestos llegarán a término, así que con un índice de cumplimiento que estiman en el 54%, confían en quedarse cerca de 1.900 millones de euros en obra pública nueva licitada (720 por parte de la Administración central; 690, la autonómica, y las locales, 480). Una cuantía que ven con esperanza, pero que aún está «muy, muy, muy lejos» de las cifras de 2009, justo en la explosión de la burbuja inmobiliaria y eso que «no era el mejor año». Por lo que, añadió, «el sector todavía tiene potencial y margen de crecimiento», después de esa explosión arrasó a la mitad. Si entonces superaban las 14.800 empresas, ahora no llegan a las 9.200 «y seguimos perdiendo», mientras que el empleo se sostiene en los últimos años en torno a los 65.000 directos (contando asalariados y autónomos), cuando entonces tocaron los 127.000.

Precisamente sobre el empleo, Pascual alertó del «problemón» que tienen para cubrir puestos de trabajo cualificados en el sector de la construcción, por lo que hizo una llamada para atraer «profesionales nacionales», ya que los extranjeros llegan «en la medida que les dejan venir», y en el conjunto de Europa el «problema es general».