Los contratistas estiman que un 6% de las obras quedarán desiertas este año

En algunos casos «no hay ni disimulo. Se hizo el proyecto hace tres años» y se saca a licitación sin introducir «un índice corrector», explicó ayer el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, que aseguró que el desfase entre el precio a concurso y el valor real puede presentar ascender al diez por ciento y así «no hay empresas que quieran hacerlo».

La tendencia ha ido al alza desde 2021. Entonces un 2,7% por ciento de las obras quedaron desiertas; en 2022 fueron un 3,9; en 2023, un 5,3%, y entre enero y abril han quedado en esa situación un 7,99 por ciento de las convocatorias, lo cual suma 551 casos en cuatro meses. No obstante, matiza Pascual que esta última cifra aún puede revertirse y calcula que en el conjunto del año la tasa se quedará entre un seis y un siete por ciento.«Se puede solucionar con cierta facilidad», señaló. «Bastaría» con que «estuvieran a precios de mercado». Y ello es lo que el sector dice que va a solicitar a las administraciones en los venideros meses de «normalidad» tras la sucesión de citas electorales. «El precio tiene que ser justo» y es su «responsabilidad», enfatiza. Un escenarioque pide ajustar tanto para las nuevas ofertas que no estarían como para aquellos casos que, como ocurrió en 2021, se vean afectados por una situación «excepcional». De lo contrario, lo que ocurre es que se abandona o la empresa, como es «muy duro denunciar a un cliente que te tiene que seguir dando obras», sigue adelante con pérdidas.

La ley, ha insistido, prevé un margen para «equilibrar» esas situaciones. Recuerda Pascual cómo precisamente tras lo ocurrido en paralelo a la guerra de Ucrania se aprobó un decreto como medida de protección contra el alza del coste de los materiales. El problema, advierte, es que a las cerca de 300 empresas de la Comunidad que ejecutan obra pública se les «adeudan 200 millones» de aquellos ajustes que, según denunció, estarían sobre el papel pero no en sus cuentas.

Pascual realizó estas valoraciones en la presentación del balance anual de obra pública de 2023, que, aunque no cerró «al nivel de los ejercicios más prósperos», fue el mejor desde el techo alcanzado en 2009 tras aumentar un 42 por ciento frente a un 2022 «discreto» y hasta una inversión de 2.419 millones de euros.

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Las expectativas para 2024 son a la baja. En «años electorales» como el anterior -generales y municipales- el grado «de cumplimiento» en los compromisos de obra pública son «mejores» y tras la «buena noticia» de 2023, augura unas previsiones «moderadamente más bajas».

La estimación para este año es de 2.180 millones, que, no obstante, serían más elevada que la de 2022 (1.694 millones). De momento, entre enero y abril se han sacado a licitación 780 millones de euros, en los mismos términos que en ese periodo del año pasado, pero tan pronto pasen las europeas y se estabilice un «funcionamiento normal» cree que ese ritmo se «ralentice» en la segunda mitad del año, de manera que no se espera alcanzar las cifras de 2023. Un volumen que, aunque «importante», matiza que fue «de mínimos» y se aleja de los en torno a 3.500 millones que considera óptimos y que se invertían de media antes de la crisis económica.

Pascual aprovechó también para hacer balance sobre la evolución del sector de la construcción tanto de la obra pública como privada. En la crisis económica, explicó, el volumen de capacidad productiva se redujo a la mitad. Desde entonces se fue «recuperando» poco a poco, pero el negocio se volvió a ver resentido con la pandemia y la posterior crisis de las materias primas. Ello se une a que «nos cuesta atraer gente al sector y que quiera quedarse». En 2006 la construcción empleaba a 137.000 trabajadores directos y la previsión para 2024 es que no se alcancen los 70.000.