El Consejo de Cuentas concluye que Castilla y León está infrafinanciada en 395 millones al año para financiar sus servicios públicos

Así lo refleja el informe de 'Análisis de la gestión del programa presupuestario de Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021' entregado por el Consejo de Cuentas a las Cortes de Castilla y León, en el que se recomienda a Junta y grupos parlamentarios que, para corregir ese déficit, promuevan en una revisión del sistema de financiación que se ponderen las variables no poblacionales, como contempla el Estatuto de Autonomías.

En concreto, el déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021, calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende a 6.722 millones. No obstante, sí se descuentan los recursos extraordinarios recibidos en 2020 y 2021 ante la pandemia, de 843 y 741 millones, respectivamente, asciende a 5.137 millones, que en promedio supone una infrafinanciación de 395 millones anuales, con un 6 por ciento de promedio de gasto social no cubierto.

El gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante en Castilla y León pasa de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021. Así es la cuarta con mayor aumento con respecto a 2009, un 28 por ciento.

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La financiación líquida recibida (entendida como la suma de las entregas a cuenta más las liquidaciones definitivas, menos los reintegros de liquidaciones negativas), ascendió en 2009 a 6.629 millones, que se elevan hasta los 6.746 millones en 2021, un 2 por ciento más. Por su parte el gasto social en sanidad, educación y servicios sociales ha pasado de 6.444 millones en 2009 a 7.672 millones en 2021, con un aumento del 19 por ciento.

En el sistema de financiación, la población ajustada mide la necesidad de gasto de los distintos servicios fundamentales, y es determinante para el reparto del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, pero ha ido disminuyendo su peso relativo ponderado si se compara con el que tenía en 2010. En Castilla y León, ha pasado de representar el 6,23 por ciento al 5,84 por ciento en 2021. Esta variación negativa de 0,39 puntos implica una pérdida de recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales de 2021 estimado en 387 millones.

Recuerda el informe que el cálculo de la población ajustada otorga un peso residual a los factores no poblacionales, en concreto de un 3 por ciento, lo incide, como explica, en el coste diferencial de prestación de los servicios. De manera que esta escasa ponderación afecta a la financiación de Castilla y León, ya que no refleja de forma suficiente las singularidades que presenta por su superficie, su dispersión y el impacto de la distribución geográfica de la población en el reparto de los recursos.

También, subraya el informe que los retos demográficos como la baja densidad o el envejecimiento no están contempladas como tales entre las variables poblacionales del actual modelo, lo cual no atiende a lo dispuesto en el artículo 83.6 del Estatuto de Autonomía. Es por lo que el Consejo de Cuentas recomienda a la Junta y a los grupos parlamentarios que, en la revisión del sistema, hagan valer su acuerdo de comunidad para que se ponderen en mayor medida las singularidades de Castilla y León.