Comienza el juicio por la muerte de seis mineros de La Vasco diez años después de la tragedia

«Han sido años de rabia e impotencia» y el nudo en el estómago con el que han aprendido a convivir quienes pueden contarlo ha vuelto a apretarse en los últimos días. «Estamos muy nerviosos», reconocía la mujer de uno de los heridos en abril de 2021, días antes de que comenzase el juicio por el accidente minero, que luego fue suspendido a fin de practicar una instrucción suplementaria sobre las pólizas de seguro de responsabilidad civil concertadas por los acusados José Eliseo Solís García y José Marcos Ulecia Román.

Entonces, el juzgado de lo Penal número dos de León también señaló la necesidad de dirigir nuevos oficios a los colegios profesionales de Ingenieros de Minas o ingenieros Técnicos de Minas y a los consejos generales de tales consejos, para que certifiquen si los acusados tienen suscrito seguro de responsabilidad civil. Por todo ello, acordó la devolución del procedimiento al Juzgado de Instrucción nº 4 de León para llevar a efecto la investigación.

Casi dos años más tarde, se retoma el proceso.

La jornada de este lunes está destinada a abordar las cuestiones previas, que podrían aportar -como ocurrió hace casi dos años-, algún imprevisto al desarrollo del juicio y, en principio, está establecido que los acusados comparezcan esta semana y la siguiente. En total, son 16 los imputados en el caso; entre ellos, el que fuera presidente de la compañía, Antonio del Valle, el entonces vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle y el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle, además de los directores general y facultativo, ingenieros y vigilantes de seguridad, informa Ical.

Para cada uno de ellos el fiscal solicita penas de tres años y medio de prisión, además de indemnizaciones, mientras las acusaciones particulares elevan sus peticiones hasta los seis años y medio de cárcel. Los afectados reclaman la libre absolución y argumentan que el siniestro fue imprevisible. Está prevista, hasta el 30 de marzo, la comparecencia de 80 testigos y peritos propuestos por las partes.

En el juicio, los 16 acusados tendrán que explicar los motivos que desencadenaron lo ocurrido ese lunes negro, el 28 de octubre de 2013 en el que, según las conclusiones provisionales del fiscal, se produjo un suceso «previsible y evitable».

El Ministerio Público llega a esta afirmación tras analizar el contenido de dos informes: el emitido por la Autoridad Minera -por la sección de Minas del servicio territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta en León- y el realizado por el perito designado por el Juzgado de Instrucción. Existen «diferencias» en su contenido, explica, pero, «en todo caso», el origen del siniestro se encuentra en el «incumplimiento» por parte de los acusados de «las normas de seguridad» necesarias para la explotación de un taller «en el que los trabajos se estaban realizando en unas condiciones muy peligrosas». A esto suma la «omisión» de los «avisos de riesgo que existían casi desde el inicio» y que tendrían que haber llevado a «paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accedieran a diario a su puesto, y a variar después la forma de explotación».

No se hizo. Y esto es para la Fiscalía constitutivo de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con seis delitos de homicidio por imprudencia grave y otros ocho de lesiones (también por imprudencia grave), por los que cree que procede imponer a cada uno de los acusados tres años y seis meses de prisión y la responsabilidad civil -junto a la aseguradora y la empresa- de indemnizar a las familias de los fallecidos y a los heridos. Independientemente de las penas que piden las partes o las que fije finalmente la sentencia, la mujer de uno de los heridos explica que lo que más les importa es que el veredicto recoja «la verdad», por qué se produjo este accidente y quiénes fueron los responsables .

En el banquillo se sentarán el presidente y consejero delegado de la Sociedad Anónima Hullera Vasco Leonesa (HVL), Antonio del Valle; el vicepresidente y consejero Delegado, Arturo del Valle, y el vocal de la S.A. HVL con carácter ejecutivo y jefe de personal, Aurelio del Valle. También lo harán el director general de la empresa, Mario Calvo; el director facultativo del Grupo Tabliza, José Eliseo Solís; el ingeniero técnico jefe del Grupo Tabliza David Toribio, y los subjefes del mismo Grupo, Javier Martínez y Jairo Gómez.

A sus interrogatorios se sumarán los de los vigilantes de Primera de Interior Carlos Conejo, José Ramón González y Óscar Luis Dopazo; el del jefe del departamento de Seguridad Minera y jefe del Servicio de Prevención de Riesgos y Ventilación y Control Ambiental, José Marcos Ulecia; el del jefe de Seguridad Minera del servicio de Prevención de Riesgos Laborales y jefe de la Brigada de Salvamento, José Carlos García, y los de los vigilantes de seguridad Andrés Rodríguez y Alberto Rivero.

Completa la lista Alberto Fernández, delegado Minero de Seguridad. Un cargo que el fiscal sostiene que «carece de facultad para adoptar decisiones en materia de seguridad» y «no está integrado en la dirección técnica ni en la estructura preventiva o de seguridad de la empresa». Por lo tanto, considera que «la perpetración por su parte de los delitos contra los derechos de los trabajadores y de homicidio y lesiones por imprudencia grave» no resulta «debidamente justificada».

Tras sus declaraciones llegarán las de los testigos y peritos propuestos por las partes y la exposición de los informes y pruebas documentales que tratarán de aportar luz a lo ocurrido en un accidente de consecuencias trágicas. Seis mineros perdieron la vida el 28 de octubre de 2013 : José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Roberto Álvarez y José Luis Arias, y en esa misma fecha comenzó el sufrimiento de muchas familias.