Los cimientos que asientan las ayudas al alquiler

«Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más presupuesto destina a las ayudas al alquiler», subraya Suárez-Quiñones. Y es que en la resolución de las correspondientes a 2023, por octavo año consecutivo se concedieron a «todos» los solicitantes que cumplieron los requisitos. Y para la de 2024 –cuyas solicitudes se pudieron presentar hasta el 31 de enero y que ha de resolverse ahora– también existe el compromiso de que quienes lo requieran y estén en el marco exigido, tendrán su apoyo económico. De inicio, el monto reservado por la Consejería ya es superior al del ejercicio anterior, que ya había crecido: más de 19,57 millones de euros asignados y la previsión de incrementarse en 31 millones más sin necesidad de lanzar una nueva convocatoria. Y a la luz de las peticiones, todo apunta a que el departamento de Suárez-Quiñones deberá 'tirar' otra vez de las reservas, pues se han registrado 31.145 solicitudes, un 11,9 por ciento más en la anterior edición –fueron 27.827–. Eso sí, no todas cumplieron entonces y ahora en la Consejería analizan la montaña de expedientes para detectar peticiones duplicadas, errores o falta de documentación, antes de firmar la resolución y hacer los ingresos en las cuentas de los beneficiarios.

En la última convocatoria liquidada, el pago de las ayudas al alquiler llegó a 18.456 familias, superando en total los 40 millones, incluyendo la partida extraordinaria de 20,9 millones para atender a todos los solicitantes que cumplían los requisitos. Un crédito adicional que ha ido creciendo en los últimos ejercicios. Si en 2018 fue de 3,2 millones de euros, al año siguiente se elevó a los 4,8 millones, se alzó hasta los cinco millones en 2020 y a partir de 2021 el incremento ha sido casi exponencial. Coincidía con la eliminación desde entonces de la conocidas como listas de reserva. Así, ese ejercicio subió hasta los 11,3 millones de euros y en 2022 se aupó a 12,5 millones. En total, en los últimos seis años se han incorporado 57,7 millones de euros de crédito autonómico extraordinario para cubrir la creciente demanda, que llega desde las nueve provincias.

En total, en los diez últimos años, los fondos concedidos para el alquiler suman 188,43 millones de euros repartidos en 110.090 ayudas, teniendo en cuenta que hay beneficiarios que la han percibido en más de una ocasión. Por ejemplo, en la del año pasado, 10.117 beneficiarios habían presentado el modelo de renovación, seguían cumpliendo los requisitos y percibieron lo que les correspondía.

¿Y quién percibe las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León? El perfil es variado, pero con un denominador común: personas mayores de edad con un contrato de alquiler o cesión de uso de su residencia habitual y permanente en la Comunidad, «con escasos recursos económicos» y que gracias a este apoyo pueden disfrutar de una vivienda en Castilla y León. Jóvenes, mayores, hombres, mujeres, familias numerosas, personas con discapacidad, españoles, extranjeros...

La radiografía de las últimas ayudas concedidas refleja un amplio espectro entre los beneficiarios. Casi seis de cada diez fueron mujeres (10.999 de los 18.456 totales) por algo más del 40 por ciento de hombres (7.457). Y predominaron los jóvenes, aunque no fueron los únicos que percibieron las ayudas. Los 5.597 menores de 36 años representaron casi un tercio de los perceptores, a los que llegaron 13,9 millones de euros. También hubo mayores que requirieron de esta subvención para pagar el techo bajo el que vivir. De hecho, 1.740 –el 9,43 por ciento del total– ya habían cumplido los 65 años de edad, a los que se ingresaron 3,5 millones de euros en total.

Y 1.945 beneficiarios fueron familias numerosas (1.336 de categoría general y 609, especial), que recibieron 4,17 millones. Y 7,17 millones percibieron 3.281 unidades de convivencia con alguna persona con discapacidad (en 1.352 eran los titulares de la subvención). Hubo 177 casos de personas vulnerables sobrevenidas y que recibieron el 75 por ciento de la renta pagada. Cuatro, englobadas en el colectivo de víctimas del terrorismo y 138, que habían perdido el derecho a usar la casa donde vivían por sentencia de separación.

Por nacionalidades, tres de cada cuatro perceptores (13.946) eran españoles y el resto, extranjeros (4.510). Entre estos, hay un origen que sobresale: Marruecos, pues representaron la mitad de los beneficiarios del apoyo económico para pagar el alquiler (2.270). Seguidos, aunque a distancia por los procedentes de Bulgaria (386) y Rumanía (368).

De media, el importe de la subvención se elevó a 2.203 euros, lo que supone 147 euros más que en la anterior convocatoria de ayudas convocada por la Junta de Castilla y León. De hecho, con carácter general, la cuantía se incrementó en diez puntos porcentuales, hasta la mitad de la renta mensual –antes era del 40 por ciento–. Un montante que fue superior, por ejemplo, para los menores de 35 años, a los que se llegó a cubrir el 60 por ciento del arriendo, y para quienes viven en una casa ubicada en el medio rural, al 75 por ciento, mismo porcentaje al que ascendió para las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Un 'corte' para la concesión de las ayudas lo marcan los ingresos de la unidad de convivencia que reside en la misma casa, medidas en base al Iprem –el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples empleado en España como referencia para la concesión de ayudas y fijado entonces en 24.318,84 euros–. Así, con carácter general, deben oscilar en una horquilla de 0,5 veces ese índice (4.053,14 euros) a tres. Y casi la mitad (el 44 por ciento) estaban por debajo de una vez ese valor. Eso sí, se eleva hasta cuatro veces el Iprem para la familias numerosas de categoría general o víctimas del terrorismo (32.425,12 euros) y cinco (40.531,40) en el caso de las numerosas de categoría especial y personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

De hecho, en la anterior convocatoria, más de 2.500 solicitudes se desestimaron porque o no llegan al mínimo de ingresos para poder pagar parte del alquiler o los excedían para tener derecho a la ayuda. No acreditar requisitos, no estar empadronados en esa casa, no estar al corriente con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria o pagar una renta superior a los máximos amparados fueron también otros motivos del descarte.

Y es que lo que se paga de renta marca otro de los requisitos, en los que se tiene en cuenta que no es lo mismo vivir en un lugar que en otro, pues el mercado inmobiliario condiciona los precios, de modo que se distingue entre medio rural y urbano, e incluso entre ciudades. Y es que también en los pueblos se solicitan y reciben ayudas al alquiler. El año pasado, se otorgaron 3.905, lo que supuso más de una quinta parte de los beneficiarios, por un importe superior a los 7,76 millones de euros. Y se incrementaron los topes máximos del arriendo para el que se solicita la ayuda. En el caso de los pueblos, el techo es de 450 euros (antes eran 375), y en el de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, de 550 (500 antes).

Más elevado –800 euros– si se trata de familias numerosas, personas con discapacidad y aquellas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, para quienes en anteriores convocatorias no había excepciones. En el caso de que el alquiler sea de una habitación –por segundo años se subvencionaron estos alquileres, con 106 beneficiarios– debe oscilar entre 150 y 200 euros.