CCOO y UGT llevan a la Fiscalía las ayudas directas de la Junta que la patronal sí acepta

Ambas organizaciones sindicales entienden que dicha subvención es «ilegal» y podría ser constitutiva de un «ilícito penal», ya que, consideran que «incumple la Ley de Subvenciones estatal y la Ley de Subvenciones regional, así como la Ley autonómica 8/2008, de Diálogo Social y Participación Institucional».

El escrito está suscrito por los secretarios generales de ambas formaciones, Vicente Andrés (CCOO) y Faustino Temprano (UGT) y en el mismo, al que tuvo acceso Ical, se reclama a la Fiscalía que abra diligencias para el «esclarecimiento» de la legalidad de la convocatoria, en la que «no se determinan ni la forma ni los plazos de justificación», «ni los beneficiarios» y «no hace referencia a la aplicación presupuestaria».

«Esta actuación forma parte, a nuestro juicio, de una estrategia política, anunciada públicamente y en los medios de comunicación, dirigida a apartar a las organizaciones sindicales más representativas del diálogo social, privándolas de los derechos que les son propios, por razones estrictamente ideológica», indica el escrito.

Las organizaciones aclaran a la Fiscalía que el pasado 21 de mayo recibieron por parte del director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte, una comunicación telefónica a los secretarios de Acción sindical de ambos sindicatos, Fernando Fraile y Raúl Santa Eufemia, en la que les indicó que podían proceder a solicitar una subvención prevista para participación institucional por 494.982 euros a través de su sede electrónica, para su concesión de forma inmediata. Esa información se reitera al día siguiente por correo electrónico.

Sin embargo, el link para su solicitud remite a «subvenciones directas» de esa dirección general, constando como objeto «subvenciones de carácter excepcional», junto a una información y documentación «de carácter genérico y comunes al resto de subvenciones».

En este sentido, los sindicatos trasladan en la petición a la Fiscalía que una subvención directa de carácter excepcional «requiere que se acrediten las razones de interés público, social, económico o humanitario, y otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

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Asimismo, recalcan que esta subvención «es incongruente con el objeto de participación institucional que se dice en la comunicación». «Es evidente que la participación institucional no revista carácter excepcional, al venir prevista y reconocida en la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional, como subvención directa de carácter nominativo y en una concreta aplicación presupuestaria».