Castilla y León reta a Montero a que asuma sus acuerdos como hace con los catalanes de ERC

Ayer, tras la reunión del Gobierno autonómico, su portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, demostró tenerlo más que claro: «Se plantea un debate nominalista sobre cómo se va a llamar la financiación acordada, pero lo cierto es que hay un acuerdo por escrito entre el Gobierno y ERC». De ahí que, añadió, «lo importante no es cómo se llame el pacto sino el contenido del mismo, que es una ruptura del principio de igualdad y solidaridad entre las autonomías».

Así que ante una situación en la que «lo grave», advirtió Carriedo, es que la propia Montero dijese que «el Gobierno de España se ve obligado a cumplirlo», el portavoz de la Junta recordó que «también en Castilla y León hay acuerdos firmados por unanimidad y no tenemos constancia de que la ministra los asuma». Se refería así, por ejemplo, al acuerdo de Comunidad sobre financiación alcanzado ya hace años con partidos políticos (incluido el PSOE) y agentes sociales que, entre otras, fijaba los principios que debe regir el reparto de los recursos como son la despoblación o la dispersión geográfica. Sin embargo, de momento, a lo único que se ha llegado, recordó Carriedo, es a fijar «un modelo en el que se decide lo que se destina a los partidos separatistas y lo que sobra se reparte entre el resto». «No es la mejor manera de negociar», zanjó, y recordó que el Gobierno de Castilla y León acudirá a los tribunales en el momento en que «se formalice un acto jurídico o administrativo, cosa que aún no se ha producido». «El proceso comenzará cuando haya un acto que se pueda recurrir», insistió Carriedo.

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La vía judicial para reclamar una financiación autonómica en el que se mantengan los principios de igualdad y solidaridad es una de las líneas de acción, pero la otra pasa por reclamar, una vez más, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, una petición que ya han realizado catorce comunidades y ciudades autónomas sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta. Para ese encuentro se ha solicitado la inclusión en el orden del día de tres puntos: la citada financiación; los problemas por la falta de médicos y la inmigración.

En este último punto el portavoz de la Junta suavizó las declaraciones el miércoles del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de que el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le había ofrecido recibir a más inmigrantes. «Son casi 200 los inmigrantes acogidos ya, un número que llega casi a saturar la capacidad del servicio en condiciones de seguridad y eficacia», señaló Carriedo. Es decir, que ni sí ni no, pero con una premisa clara: «Cualquier nuevo acuerdo» para el reparto de desplazados desde Canarias «tiene que ser por la vía del trabajo en la Sectorial y no de la imposición».

El también consejero de Economía y Hacienda aprovechó en este punto para afear que el Gobierno no haya transferido a la autonomía los recursos acordados para la acogida de inmigrantes. «Exigimos que se aporte lo comprometido», insistió, al tiempo que lamentó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no esté siendo capaz de tomar medidas en materia migratoria, cuando «son de su competencia», y que, al contrario, estén siendo las comunidades las que «solucionemos este asunto».

De competencia exclusiva de la autonomía es la elaboración de los presupuestos de la Comunidad para 2025, una labor que ya ha comenzado. La novedad de las cuentas del próximo año, como reconoció Carriedo, es que «necesitamos una mayoría, apoyos o abstenciones», tras la salida de Vox del Ejecutivo. «A día de hoy no puedo garantizar que el presupuesto de 2025 vaya a ser aprobado porque no tenemos garantía de los apoyos», reconoció el consejero, que no ocultó que tendrán que negociar con los grupos parlamentarios esos apoyos para que las Cuentas puedan ser aprobadas por el Parlamento. «Se trata de hacer unos buenos presupuestos pero también de que sean aprobados», concluyó.