Castilla y León lanza el lunes una nueva convocatoria de ayudas al alquiler con una hucha de 50 millones de euros y el compromiso de «llegar a todos»

Este ejercicio será el octavo en el que la Junta mantiene su compromiso de llegar «a todos los que cumplen y justifican» esos requisitos. En principio, se parte con un presupuesto de 19,5 millones, correspondientes al Plan de Estatal de Vivienda, a los que el Ejecutivo autonómico suma un crédito de 31 millones disponible para ir ampliando hasta cubrir a «cada uno» de los beneficiarios. El año pasado, cuya convocatoria se resolvió este verano y con la que se llegó a 18.500 personas, hubo un desembolso de 40,6 millones.

Así, este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) acogerá la nueva convocatoria. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 25 de enero, habiéndose ampliado para esta ocasión el plazo habitual para facilitar la presentación a los ciudadanos. También con tal fin se ha optado por la simplificación administrativa y no será necesario presentar el volante de empadronamiento si los interesados autorizan a la Junta a comprobar este certificado a través de los correspondientes ayuntamientos.

Son las dos novedades de las ayudas de 2024, que mantienen las bases reguladoras acordada en 2022 en el seno del Diálogo Social, que este viernes se ha reunido para dar el visto bueno a esta línea de carácter anual destinada a «facilitar el disfrute de vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a un sector de la población con escasos recursos», a la «personas con más dificultades», ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez- Quiñones, tras mantener un encuentro previo con responsables de la patronal CEOE, y los sindicatos CCOO y UGT.

En concreto, las ayudas se supeditan a unos límites de ingresos entre el 0,5 y trece veces el IMPREM, que se eleva a 4 para familias numerosas de categoría general y víctimas del terrorismo y a 5 en el caso de las de categoría especial y personas con discapacidad.

Asimismo, se fijan máximos respecto a las rentas mensuales de alquiler (para lo que se toma como referencia lo marcado en el contrato aunque se haya actualizado con posterioridad al alza). Varía entre los 450 euros en el medio rural y los 550 de las principales ciudades. En casos de familias numerosas, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad sobrevenida se puede elevar a los 800, y en los arrendamientos de habitaciones oscila entre los 150 y los 200.

Las ayudas cubren el cincuenta por ciento del desembolso anual en alquiler, salvo en el caso de los menores de 36 años que se benefician de un 60 por ciento, que se eleva al 75 por ciento si éstos residen en el medio rural. Este porcentaje que cubre también a aquellos -de cualquier edad- en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

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Desde CEOE, la María Teresa Cetulio, ha querido poner en valor la apuesta por la simplificación administrativa y que como cada año esta convocatoria pase primero por el filtro del Diálogo Social, un foro que los sindicatos han agradecido también que se mantenga con la Consejería de Vivienda y en el que han instado a ir más allá. Yolanda Martín, de CCOO, ha abogado por ahondar en otras medidas como ampliar el parque publico de alquiler, mayores ayudas a la rehabilitación o el cohousing intergeneracional. En definitiva «un esfuerzo mayor», ha apostillado la representante de UGT, Sonia González, quien ha remarcado que la «vivienda debe de ser un derecho subjetivo». Unos aspectos en los que insta a trabajar así como en estas ayudas que hoy se han presentado y cuyas bases reguladoras, según ha avanzado Quiñones, se actualizarán el año que viene.