Castilla y León exigirá a Montero conocer el «impacto» de los pactos del Gobierno con los separatistas
Carriedo expondrá el lunes en el CPFF la «ventaja» del «extraordinario» sistema de servicios públicos para reclamar una financiación que cubra sus costes
Las seis razones que explican el sobresaliente de Castilla y León en PISA
Valladolid
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Iniciar sesiónCon el último informe PISA recién salido del horno y que sitúa a Castilla y León a la cabeza de las tres materias educativas que analiza (Matemáticas, Ciencias y Comprensión Lectora), por encima de una media española a la baja y codeándose con ... países punteros, la Junta llegará a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista el próximo lunes con esta «ventaja» bajo el brazo para exigir que se acabe con la «infrafinanciación» que sufre para costear los servicios públicos. Será una de sus armas para reclamar unos fondos que «cubran» el coste de la prestación que en un territorio disperso, extenso y envejecido como éste es «más caro».
Y es que aunque la financiación autonómica no está en el orden oficial del día, ceñido a cuestiones «de trámite», lo que el Estado reparte entre las comunidades marcará el que será el primer encuentro de la nueva legislatura entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros del ramo. Pues, ha advertido este jueves el titular de Economía y Hacienda castellano y leonés, Carlos Fernández Carriedo, hay autonomías «con información privilegiada». «Queremos saber cuál es el impacto de esos acuerdos y esos pactos» con separatistas –en alusión a los catalanes Junts y ERC y el vasco PNV– y «exigir» que el reparto de fondos se haga en condiciones de «igualdad», ha incidido el también portavoz de la Junta como anticipo al cara a cara.
Esos acuerdos enmarcados en la nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno «pueden afectar» a la financiación autonómica y los recursos disponibles, ha recalcado Carriedo, quien acudirá a Madrid con la intención de «conocer de primera mano» esos datos. Y con la premisa, ha reiterado, de que para la Junta «el principal problema» es la «infrafinanciación» de los servicios públicos. «Queremos que se hable de eso», de «cómo se financian» la educación, los servicios sociales, la sanidad... «Esto es lo importante para nosotros, abordar la financiación, no solucionar los problemas de una comunidad o de unos partidos separatistas porque simplemente se han venido endeudando por encima de los demás», ha subrayado Carriedo. Y ahí ha aprovechado para defender que Castilla y León parte con «una ventaja» para reclamar más fondos, pues «viene demostrando que los recursos que se ponen a disposición de la Comunidad se gestionan bien, al servicio de la gente» y ser «capaces de tener un extraordinario» sistema gracias al «esfuerzo» y pese a la financiación «insuficiente».
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Así que por parte de Castilla y León, ha recalcado, nada de «conformarse» con que la reforma del modelo en este momento no toca y por ahora 'tirar' con la condonación de parte de la deuda que tiene con el Estado a través de su instrumento de financiación (FLA), siguiendo la estela a lo acordado con los independentistas catalanes. «Nosotros no vamos allí a conformarnos con lo que le sobra a otros», sino a «exigir igualdad, que se nos trate como a los demás».
«Trato igual»
«No admitimos que haya pactos con algunos partidos políticos sin que se tengan en cuenta los criterios de igualdad y de solidaridad que están reconocidos en la Constitución Española», ha señalado el portavoz, quien ha recriminado que «se quiera decir» que el «problema» de las comunidades es la deuda porque lo sea de una con la que Sánchez «tenga que pactar». En este sentido, ha afeado que «no sería normal» que en las reuniones con «todas» las autonomías «en España dispongamos de menos información» de la que se ofrece en las que «se celebran en Suiza –en alusión a los encuentros del PSOE con la formación del prófugo de Junts Carles Puigdemont–».
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«No queremos tener más derechos que los demás, pero tampoco menos», ha recalcado Carriedo, quien ha señalado que desde la Junta van a «defender los intereses» de los castellano y leoneses y que se «les trate igual que al resto de españoles porque somos ciudadanos de primera como todos los demás».
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