Castilla y León cuenta con 20.000 'ninis' menos que hace una década pero aún son 33.600 jóvenes

La explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y recogida por la Agencia Ical, aborda también la distribución porcentual de las personas de 15 a 29 años, según su situación educativa y laboral. Y concluye que frente al 11,2 por ciento de 'ninis' de Castilla y León hay un 12,5 por ciento de los conocidos como 'sisis', que estudian y trabajan. Una tasa que casi se duplica en comparación con a existente en 2014. Los datos se completan con un 51 por ciento de jóvenes de esas edades de la Comunidad que se forma -ya sean estudios reglados o no oficiales- y otro 25,1 por ciento que no estudia pero está ocupado.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a Ical, el número de jóvenes castellanos y leoneses que no trabaja ni estudia ha caído un 36,6 por ciento, ya que los 53.000 existentes en el cuarto trimestre de 2014 se han transformado en los 33.600. A nivel nacional, la bajada es un poco inferior, con el 35,4 por ciento, hasta los 889.300. Una cifra elevada pero muy inferior a los 1,6 millones que se registraron en el año 2012, que fue el máximo histórico de la serie.

Los 33.600 'ninis' de la Comunidad se reparten entre los 18.500 jóvenes que tienen una formación inferior al título de Secundaria y los 15.100 que tienen la ESO o superior. En ese periodo de tiempo, el descenso de 'ninis' es mayor entre los que tiene menos estudios, un 42,2 por ciento, frente a la bajada del 28,1 por ciento de los que cuentan con una mejor formación.

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La tasa de la población entre 15 y 29 años en Castilla y León que no estudia ni trabaja es la octava más baja del país. La clasificación está liderada por Cantabria (7,6 por ciento), País Vasco (9 por ciento) y Aragón y Navarra (9,7 por ciento, en cada caso). Son los únicos territorios con un porcentaje inferior al diez por ciento. En el lado contrario, aparecen Andalucía (14,5 por ciento), Canarias y Murcia (13,9 por en ciento, en ambos), Castilla-La Mancha (13,4 por ciento) y La Rioja (13,1 por ciento). Eso sí, la Comunidad ocupada en 2014 el quinto puesto por la cola y ahora ha subido al octavo lugar.

Pese a ello, el porcentaje de 'ninis' en Castilla y León está en la media de jóvenes de esta edad que no se forman ni están ocupados en la Unión Europea. Los datos publicados por Eurostat situaban la tasa en el 11,2 por ciento, el mismo dato que la Comunidad, aunque lejos del nueve por ciento que se ha marcado como objetivo la UE para el año 2030. Lo cierto es que la tasa no ha parado de bajar desde el año 2011, a excepción de 2020 por los efectos de la pandemia del COVID y los repuntes insignificantes que tuvieron lugar en 2022 y 2024.

El Ministerio de Educación también ofrece el indicador de la población entre 15 y 34 años (con una horquilla de cinco más que la estadística anterior) y Castilla y León aumenta un punto, ya que un 12,2 por ciento de los 'ninis' ni estudia ni trabaja. En este caso, el descenso es superior con respecto a 2014, cuando registró un 20 por ciento. Los porcentajes en la Comunidad están por debajo del conjunto de España (13,1 y 22,3 por ciento, respectivamente).

El profesor de Sociología de la Universidad de Valladolid (UVa), Siro Bayón, apuntó a Ical que la bajada de la tasa de 'ninis' en los últimos años está relacionada con el incremento del nivel educativo de la población en ese grupo de edad y la reducción del abandono escolar. Subrayó que el colectivo de jóvenes es «muy heterogéneo», ya que no es lo mismo estar sin estudiar o trabajar por la preparación de unas oposiciones que estar en esa situación por el cuidado de un menor o un familiar mayor.

«Es un indicador estadístico que mete en el mismo saco a población que sufre condiciones desiguales, sobre todo al utilizar el concepto de 'ninis' como una forma de estigmatización de un grupo de población. Se destaca en que esa persona no quiere estudiar ni trabajar y se pone menos el foco en el contexto económico y social en que está», aseveró. «Hay barreras invisibles como las oportunidades económicas que explican algunas situaciones, como la demanda de cuidados de personas familiares en el ámbito familiar», reiteró. No en vano, precisó que los jóvenes se enfrentan a un mercado de trabajo que tiene sus «dificultades» y que, al compararlo con Europa, hay peores salarios y empleos más inestables.

Añadió que la dualización del mercado laboral «penaliza» a la población joven, especialmente a los que tienen menos estudios, ya que son «más vulnerables» a los cambios de ciclo económico y peor se adaptan a la revolución tecnológica. Además, los jóvenes con una educación inferior tienen menos oportunidades de proseguir con los estudios.

El doctor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales manifestó que una parte de los jóvenes formados, que han estudiado en Castilla y León, opta por trabajar en otras comunidades, que cuentan con más oportunidades laborales. Por lo tanto, los que tienen menos formación y, por ejemplo, no tienen el título de la ESO, están más «sobrerrepresentados» en la muestra.

Además, recordó que algunas encuestas que miden la «intencionalidad» revelan que la proporción que el grupo de jóvenes que no trabaja ni estudia por falta de motivación o interés, aunque puedan hacerlo, era «muy residual». Lo habitual era una falta de disponibilidad por tema de cuidados o la realización de otras tareas y por la falta de oportunidades. De ahí que echara en falta en España una mayor cultura de uso científico de los datos para realizar análisis «más precisos y confiables». Y eso pasa por tener datos censales y no muestrales como ocurre con la EPA.

Preguntado por el programa de Garantía Juvenil, la iniciativa europea que busca facilitar el acceso de los jóvenes no ocupados ni estudien para que tengan una oferta de empleo, educación o formación, Bayón lo calificó de «realmente bueno». Señaló que es un programa impulsado por la Comisión Europea pero que, luego, se pone en marcha en cada estado miembro, ya que son las que tienen las competencias en la materia. Algo que en el caso de España depende también de las comunidades autónomas.