«Hay una campaña orquestada contra los jueces en este país»

—Llegó hace veinte años a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Como dice la canción, ¿Veinte años no son nada o son demasiado?

—Pues a mí se me han pasado en un suspiro. Echas la vista atrás y en 2005 me recibió un Palacio de Justicia apuntalado, con goteras, y una justicia de papel, donde los expedientes todavía se unían con cuerda. Y hoy veo que se han hecho muchas cosas: este Palacio de Justicia es una buena muestra, las infraestructuras en el territorio... Me voy con la única espina de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, que debería de ser realidad desde hace cinco años y está todavía en un proyecto una fase muy embrionaria.

—¿Y hay vida judicial después de dejar la Presidencia del TSJ?

—La hay porque yo voy a seguir siendo juez, que es verdaderamente lo que soy y lo que he estado haciendo durante todos estos 20 años. Además de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, he ostentado la de la Sala de lo Civil y Penal y ahí me voy a ir a seguir impartiendo justicia.

—Sobre todo en los últimos años se han acumulado los expedientes. Más de 175.000 antes del cierre de 2024. ¿Es posible dar salida a todo eso? ¿Qué se necesita?

—Muchos medios materiales y personales, y que la administración responsable de prestárnoslo, en nuestro caso el Gobierno de España, sea especialmente sensible. Castilla y León era un territorio absolutamente modélico hasta 2020. La pandemia y las dos huelgas han duplicado los tiempos. Aún así, seguimos siendo un ejemplo, pero habría que ponerse en la situación anterior a 2020.

—Hablaba de que el Gobierno tiene que ser sensible. ¿No lo es?

—Yo creo que escasamente. Y no es una crítica. A lo mejor es que no puede. Estamos sin Presupuestos Generales del Estado desde hace dos ejercicios y probablemente tendremos que ponernos a la cola de las necesidades del país. Pero la justicia es una necesidad importante, porque si no funciona, el Estado de Derecho se debilita.

—Si Montesquieu levantara la cabeza y mirara a España, ¿diría que hay verdadera separación de poderes?

—Yo creo que se sonreiría bastante.

—Ha dicho que en los últimos años se están sufriendo ataques contra la independencia del poder judicial. ¿De quién es más culpa de esa injerencia? ¿Del poder político que se entromete o de los jueces que se dejan?

—Yo creo que los jueces no nos dejamos. Defendemos cada día el principio de separación de poderes. Lo hemos visto esta semana. Tras unas declaraciones muy desafortunadas –de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sobre la absolución de Dani Alves–, todas las asociaciones de jueces y de fiscales han respondido al unísono defendiendo la presunción de inocencia que garantiza la Constitución a todos los españoles.

—¿Ve verdaderamente en riesgo el Estado de Derecho en España?

—Yo creo que mientras el poder judicial sea verdaderamente fuerte, como es, el Estado de Derecho no perecerá.

—¿Y es suficientemente fuerte?

—Por supuesto. El Poder Judicial, la Corona y las Fuerzas Armadas son las tres instituciones en las que está sujetado.

—¿Qué siente un juez al ver que la política tumba sus decisiones? Por ejemplo, en el caso de la amnistía.

—Una evidente frustración. Ver que se está legislando por puros intereses políticos y que las resoluciones judiciales quedan eliminadas por una aplicación torticera del derecho de gracia es verdaderamente frustrante para los jueces, y yo creo que para la mayor parte de los ciudadanos.

—Hacía referencia a las declaraciones de la vicepresidenta a raíz del 'caso Alves' y la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Hay jueces machistas, como dicen algunas voces desde la izquierda?

—Si los hay, no los conozco. La inmensa totalidad de los que conozco, juzgan y hacen ejecutar lo juzgado con arreglo exclusivamente al imperio de la ley, que es lo que nos ordena la Constitución.

—¿Y a qué se deben esas declaraciones de los políticos?

—Yo creo que hay un ataque larvado contra el poder judicial y forma parte de la campaña orquestada contra los jueces en este país.

—¿Desde cuándo?

—La estamos sufriendo con intensidad en los últimos tiempos.

—Y en esos casos mediáticos, ¿los jueces de las instancias más próximas se pueden ver influidos o condicionados en sus sentencias por las 'penas de telediario'?

—Yo, desde luego, no me he visto influido nunca jamás cuando he tenido un caso, por muy mediático que sea, y quiero pensar que la totalidad de los jueces piensa de igual forma.

—¿Hay alguna ley que se haya aprobado recientemente que le incomode?

—No es cuestión de incomodidad. Cuando un juez tiene que aplicar una ley que le resulta incómoda, ha de interpretarla y aplicarla. Pero cuando se encuentra con una que es manifiestamente contraria a la Constitución debe de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. O directamente no aplicarla si es contraria a la Constitución.

—De los casos que ha juzgado, ¿alguno le ha quitado el sueño?

—Muchos. Cuando hay ciudadanos que vienen condenados a penas de 12, 15, 20 años o incluso de presión permanente revisable y tienes que resolver el recurso, claro que tienes muchas dudas y muchas veces el sueño se pierde.

—Ha apostado por limitar los aforamientos. ¿Lo ve un privilegio demasiado extendido?

—Sí. Siempre he dicho que el aforamiento tiene razón de ser en muy escasos supuestos y, desde luego, creo que debería de procederse a una revisión.

—También se ha mostrado partidario de revisar la ley del Jurado Popular. Con el paso de los años, ¿ha ganado argumentos a favor o en contra?

—El Jurado es una institución que establece la Constitución, pero es muy significativo que cada vez más los casos que van a a jurado son menos. Los ciudadanos lo que quieren es una justicia impartida por profesionales.

—¿De qué declaraciones en estos 20 años se puede haber arrepentido?

—Siempre he dicho lo que he pensado. Nunca me he puesto de perfil. Creo que los que tenemos una responsabilidad y la posibilidad de denunciar lo que es denunciable, debemos de hacerlo. Y aunque no es una moneda común, lo he hecho desde el principio. Mis disgustos me ha costado, pero no me arrepiento. Quizás sí hubiera limado el tono... El único motivo de arrepentimiento es que haya podido ofender a algún compañero.

—Entre las palabras que le valieron una llamada de atención del Consejo de General del Poder Judicial están «la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista –en referencia a Podemos– forma parte del Gobierno. ¿Se reafirma en esa postura?

—Lo dicho, dicho queda, y yo no quiero entrar en polémicas viejas.

—Voy con otra…

—Por ahí no vamos a ningún lado.

—Renegó de la Memoria Democrática, sobre Franco dijo que «reverdecía el odio que ya habíamos olvidado». El Gobierno está recordando sus 50 años de su muerte, ¿qué le parece?

—Sigo pensando exactamente lo mismo: que los grandes males que sufre la sociedad son la fractura social y la polarización. Mientras los españoles no alcancemos una reconciliación plena no seremos grandes otra vez.

—Desde el Consejo General del Poder Judicial, le pidieron «mesura, prudencia, responsabilidad institucional». ¿Ha hecho propósito de enmienda en los últimos años?

—Y dolor de los pecados.

—¿Qué le parece que como juez no pueda opinar sobre política y los políticos sí cuestionan las decisiones judiciales y a usted personalmente?

—La crítica, que es sana y deseable en un Estado de Derecho, debe articularse a través de los mecanismos que establece la ley, de los recursos. Cuando de la crítica se pasa al insulto, como hemos visto muchas ocasiones, se está minando también el juego democrático, y creo que eso es perjudicial para la salud democrática del país.

—¿Se ha quedado alguna vez con ganas de llevar a alguien que le ha dicho algo ante la Justicia?

—No, porque cuando se ha vertido alguna crítica o insulto, he tratado de aclarar el motivo de la confusión.

—El Tribunal Constitucional, ¿es lo que usted estudió?

—Pues no, no. Yo no estudié el Tribunal Constitucional como uno de casación que pudiera revisar las sentencias dictadas por el Supremo, sino como un tribunal que interpretase la norma suprema, que resolviera los conflictos entre las comunidades autónomas y nada más.

—¿Se ve dando el salto a la política?

—No. No es mi intención y he tenido posibilidades en alguna ocasión, pero solo lo haría si la oportunidad de prestar un servicio a España fuera evidentemente importante y determinante. Pero creo que en la política, tal y como está concebida actualmente, eso no es posible.