Las Cámaras de Comercio se plantan contra el «perjuicio económico y social» de quitar paradas del AVE

Estos organismos camerales argumentan su oposición en que «perjudica gravemente el desarrollo económico y social de nuestras localidades», una conclusión avalada por una serie de razones que trasladarán a la Comisión Europea. De esta forma, parten de que «las estaciones afectadas han sido y deben seguir siendo nodos esenciales de comunicación, facilitando el acceso de ciudadanos, empresas, trabajadores y turistas a redes de transporte eficientes y competitivas».

De ahí que consideren que «la eliminación de estas paradas supone una merma en la conectividad de nuestras ciudades, limitando las oportunidades comerciales y turísticas, afectando negativamente a nuestras empresas y reduciendo la movilidad de nuestros habitantes». Creen que reducir los servicios del AVE, como pretende Renfe, provoca una «pérdida de competitividad empresarial», ya que la conectividad ferroviaria «es clave para el desarrollo de sectores como el comercio, la hostelería y el turismo». Ello implica que «afectará a cientos de negocios locales que dependen del flujo de viajeros».

Otra de las consecuencias, argumentan, es que obligará «al desplazamiento forzado de trabajadores que dependen del AVE para sus traslados diarios, de forma que podrían verse obligados a abandonar la localidad ante la falta de opciones de transporte adecuadas». La reducción de frecuencias, según los organismos camerales, también impactará en la calidad de vida, al limitar su acceso a «oportunidades laborales y educativas y aumentando la dependencia del transporte privado, con el consiguiente impacto ambiental y económico».

De todo ello se deduce un «agravio comparativo» respecto a otras comunidades, ya que mientras algunas han visto reforzada su red de Alta Velocidad, «Castilla y León sufre una reducción de servicios que afecta directamente a su desarrollo». «Esta medida supone una discriminación territorial que debe ser revisada en instancias europeas».

Por todo ello, y ante «los graves perjuicios» que la decisión conlleva, las Cámaras de Comercio trasladarán su malestar ante la Comisión Europea, ya que «atenta contra los principios de cohesión territorial y equidad en el acceso a infraestructuras». Además, se solicitará una revisión y revocación de la supresión de paradas, asegurando que las políticas de transporte del país «se alineen con los principios fundamentales de movilidad, desarrollo regional y sostenibilidad promovidos por la UE y se trabaje en una estrategia que refuerce la conectividad ferroviaria en nuestra región, contribuyendo al desarrollo y equilibrio de nuestro tejido productivo».

Los organismos camerales consideran un «despropósito» la oferta de Renfe de que diputaciones y Junta cofinancien estos servicios ya que «la Alta Velocidad es un servicio de interés general que debe garantizarse con criterios de equidad territorial y cohesión social». «No debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino una herramienta de vertebración territorial y progreso», concluyen, por lo que instan a la compañía a reconsiderar esta decisión y a abrir un diálogo con los actores locales y empresariales.