Cae un grupo criminal que creaba empresas para contratar a extranjeros en condiciones abusivas y no pagaba la Seguridad Social

Estaban dedicados a la intermediación agraria, de modo que proporcionaban a los agricultores que lo demandaban mano de obra para trabajar en el campo en labores como la vendimia, recogida de la patata, poda... Y su modo de operar, con el que se creían impunes, siempre era el mismo: ellos se encargaban de seleccionar a los empleados y los daban de alta en la Seguridad Social, emitiendo una factura al cliente cuando finalizaban los servicios. Pero, no cubrían las cuotas por disponer de empleados, generando una «deuda importante mes a mes».

Y cuando comenzaban a recibir los requerimientos del pago o tenían que hacer nuevos contratos con clientes que exigían estar al corriente de pagos con la Seguridad Social, otro miembro del grupo entraba en juego montando una nueva empresa a su nombre, con «idéntica actividad, mismos trabajadores y clientes», según señalan en un comunicado desde la Policía Nacional. Hasta nueve sociedades tienen constancia que llegaron a montar.

Así podían continuar contratando trabajadores y facturando a los clientes pues la nueva era una empresas «limpia», mientras la deuda con la Administración por las cuotas que no pagaban iba creciendo. A más de 155.000 euros estiman desde la Policía que asciende solo en ese concepto, «al margen de otras cantidades debidas en concepto de deudas también generadas por los titulares de las empresas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos», pues todos los detenidos habían sido titulares de empresas unipersonales, por tanto, a su nombre.

El entramado criminal que ha sacado a la luz la operación 'Pupi' no quedaba en el fraude, pues los agentes han podido constatar que de manera «reiterada» buscaban empleo a personas sin autorización de residencia y trabajo en España. Situación de la que se valían para «la imposición» de condiciones laborales «abusivas» que incluían jornadas laborales de lunes a domingo, sin descansos ni vacaciones y «habitualmente» de entre diez y doce horas, comenzando en torno a las 6.00 de la mañana y acabando al terminar el trabajo. Y todo, señala el comunicado difundido por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, «por un salario de cinco euros la hora que nunca llegaron a percibir en su totalidad».

Además, les proporcionaban una vivienda «insalubre» en lo que en realidad era el garaje de una casa donde residían otros trabajadores. Habitáculo compartido por hasta cinco personas, que únicamente disponían de colchones en el suelo para dormir y una bombona de gas para calentar la comida. Ni baño para el aseo tenían.