El «déficit estructural» de las exmonjas de Belorado: 13.642€ al mes que tiene que asumir la Federación de Clarisas

Una realidad de déficit estructural que hace inviable la continuidad de los cenobios salvo que, como está ocurriendo, la Federación de Clarisas insufle las cantidades necesarias hasta que se pueda resolver la situación y el comisario pontificio pueda tomar el control total de la comunidad de clarisas de Belorado.

Fueron las exreligiosas quienes primero emitieron un comunicado en el que vovían a acusar al comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, de llevarlas a una «asfixia económica» e impedir que «la comunidad monástica cumpla sus obligaciones con terceras personas provocando un sufrimiento innecesario». En la práctica, le achacan que «es el único que controla todas las cuentas bancarias del Monasterio de Santa Clara de Belorado y del Monasterio de Santa Clara de Derio desde el 5 de junio 2024», y que solo paga unos gastos y otros los deja de atender, lo que le causa «un grave perjuicio, como también a las monjas que los componen, proveedores y contratantes, empleados y administraciones tributarias». Además, señalan que «a su vez se apoderó de la representación legal de los monasterios».

En concreto le acusan de no pagar «las cotizaciones a las Seguridad Social, facturas de proveedores, gastos de internet, telefonía, pólizas de seguros de los monasterios, servicio de mensajería, mantenimiento de la maquinaria del obrador, asesoría fiscal y laboral, seguro y renting de los automóviles». Y justifican que todos los conventos necesitan una furgoneta para cuestiones de logística y salud» como por ejemplo «llevar a las monjas al hospital cuando lo necesitan». Frente a eso señalan que cinco de las religiosas, las más mayores y que no han sido excomulgadas, «cobran un total de 7 pensiones (entre jubilación y orfandad)», de las que cinco se ingresan en las cuentas intervenidas. Además, afirman tener documentación a disposición de los periodistas que prueban todas sus afirmaciones.

Frente a ello, la respuesta del arzobispado fue mucho más explícita. En una larga nota de prensa ha ido desgranando uno a uno tanto gastos, como los exiguos ingresos, para llegar a la conclusión de que la situación de los monasterios es de «déficit estructural». Así, comienzan diciendo que la comisión gestora se ha hecho cargo de los «gastos recurrentes que están domiciliados». En concreto, en el mes de septiembre ha pagado «1.988,44 € de energía eléctrica; 2.630,82 € de consumo de gas; 72,00 € a Telefónica», y afirman que no tienen «conocimiento ni acceso a otros contratos de suministros ni gastos de otra naturaleza».

A esos gastos se suman, en octubre el pago de «cuatro nóminas por un importe de 3.179 €» y de 12.115,70 € mensuales para atender las obligaciones de los préstamos suscritos por las religiosas antes de comenzar su cisma. Como ya adelantó ABC se trata de tres, un hipotecario del monasterio de Derio del que aún se deben 664.600,53 €, otros dos de la reforma del obrador y de la instalación de placas solares en Orduña de los que queda por amortizar 60.253,12 € y 35.500 € respectivamente.

Con el pago de las cotizaciones recuerdan que «desde el momento en el cual se declaró la excomunión y consecuente expulsión de la vida religiosa, no procede su encuadre, ni tampoco su tributación, como autónomas acogidas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), debiendo regularizar cada una de ellas personalmente su situación ante la Seguridad Social», por lo que el comisario pontificio no tiene ninguna obligación de asumirlo. Aun así, el arzobispado «sigue pagando la Seguridad Social de siete exreligiosas que ascendió el pasado mes de octubre a 1.895,71 €». Todos estas cantidades «suman un promedio de 21.881,67 € de gastos mensuales».

Frente a ello, los ingresos son mucho más reducidos. Por un lado, las pensiones de las hermanas mayores «ingresadas en las cuentas que conocemos ascendieron en octubre a 5.179,44€», afirman. En ese sentido destacan que las «hermanas mayores no están excomulgadas y constituyen la comunidad monástica, bajo la jurisdicción del comisario pontificio que tiene también la obligación de velar por el uso adecuado de los ingresos derivados de la prestación de sus pensiones que contribuyen a su cuidado». Así que añaden que, de ese importe se «destinaron 4.100€ a la compra de unos audífonos».

A las pensiones se suman los ingresos mensuales por el alquiler de la casa histórica aledaña al monasterio de Derio, que pretendieron convertir en alojamiento rural, pero sin autorización del ayuntamiento. Son 3.060€. mensuales, lo que sumado a las pensiones asciende a «un promedio de 8.239,44 € de ingresos mensuales». De esta forma, frente a los gastos de 21.881,67 €, el «déficit promedio mensual asciende a 13.642 €. «La exigua cantidad económica obrante en las cuentas bancarias en el momento en que asumió la administración el comisario pontificio (unos 6.000 €), hace imposible hacer frente a las obligaciones de pago de los Monasterios», añaden por lo que es la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu la que ha provisto fondos para hacer frente a esas obligaciones.

A partir de ahí el arzobispado marca su posición frente a otras cuestiones que en los últimos meses han tenido protagonismo en los medios de comunicación. Por un lado señalan que han tenido conocimiento «de la presencia en el monasterio de personas, algunas ataviadas con trajes eclesiásticos, que carecen de título legal y autorización para permanecer en sus dependencias», en referencia al obispo sedevacantista brasileño Da Silva. Un extremo que las monjas también confirman en su comunicado, aunque puntualizan que «no está en el monasterio sino en las dependencias externas a la clausura», en referencia a la hospedería, donde también se alojaban el obispo excomulgado Pablo rojas y el cura coctelero, José Ceacero hasta que fueron expulsados por la exsuperiora. Las exreligiosas también confirman la salida del sacerdote argentino Sergio Casas Silva, que ha cubierto la atención pastoral hasta la llegada de Da Silva.

El arzobispado también señala tener constancia «de la venta de ornamentos litúrgicos a través de los portales Wallapop y Todocolección cuyo importe se ingresó en una cuenta perteneciente a un pariente próximo de una exreligiosa» y de que en julio de 2024 «la exabadesa suscribe un anexo de contrato de arrendamiento con terceras personas de dependencias del Monasterio de Derio careciendo de representación y capacidad legal para realizarlo». «No nos consta en las cuentas bancarias el ingreso de importe alguno por este arrendamiento. Nuestros servicios jurídicos están estudiando el modo de proceder», añaden.

Además, el arzobispado señala tener constancia de que «dos exreligiosas ya han abandonado el monasterio», un punto que las exmonjas también confirman, al afirmar que son 13 en el cenobio y que ninguna de las 5 mayores, no excomulgadas, lo ha abandonado. «Volvemos a reiterar nuestra disposición a colaborar para su retorno al seno de la Iglesia católica y ofrecer la oportuna ayuda humana y espiritual», afirma el arzobispado.