Arranca el juicio de la 'Perla Negra'

Los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal han rechazado en esta ocasión las cuestiones previas planteadas por las defensas la semana pasada que clamaban por la prescripción de las acusaciones y que alegaban de nuevo defectos en el traslado de documentos desde el Juzgado de Instrucción. Hace dos años la Fiscalía compartió los defectos pero no en esta ocasión.

En lo que respecta a esos citados defectos, que las defensa especificaban en que carecían de certificación y su disposición era un «desastre», el magistrado presidente de la Sala ha hecho esta mañana una relación de los distintos momentos en los que se ha procedido al traslado de documentos desde el juzgado de instrucción y desde la propia Audiencia de Valladolid y ha señalado que «más allá del aspecto meramente formal, lo cierto es que las partes han tenido a su disposición todo el procedimiento y se les ha facilitado los acontecimiento de la causa en formato digital y en papel». «Se ha garantizado que dispongan» de ello en «idéntica medida de la que dispone este tribunal». «La dificultad» que pueda implicar su organización o acceso «no afecta a derechos fundamentales», por lo cual se «desestima» esta cuestión.

En relación a la prescripción de los delitos que marcan su inicio en 2005, al igual que apuntara la Fiscalía, se ha señalado que éstos se tratan de delitos continuados que en el caso de la 'Perla Negra' el relato de las acusaciones extiende, al menos, hasta 2010 y en el de Portillo hasta 2020, momento desde el que comenzarían a computar los diez años que se marcan para tal extremo. Éste, ha apuntado el magistrado, habría quedado interrumpido en el momento en el que los acusados fueron imputados, entre 2015 y 2016. «No procede en este momento pronunciarse» a la falta de «precisos elementos de prueba que impliquen desechar presupuestos fácticos».

También ha hecho referencia a las dilaciones alegadas por varias defensas -el procedimiento arrancó en instrucción en el año 2013-. Esta circunstancia «no constituye motivo de nulidad ni extinción o exención de responsabilidad criminal», ha apuntado la Sala, si bien, ha reconocido que «puede dar lugar, en su caso, a circunstancia atenuante de responsabilidad penal» que se aplicaría, de ser así, en una supuesta condena.

Desestimadas las cuestiones previas, comienzan este lunes las primeras seis testificales de las cerca de noventa que está previsto que se celebren este mes en la Audiencia de Valladolid y entre las que figuran ex altos cargos de la Junta, incluido el ex presidente Juan Vicente Herrera. Los imputados declaran en último lugar, a partir de mediados de abril. Se les acusa por supuestos delitos de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y se enfrentan a una petición conjunta de pena de 79 años por parte de Fiscalía. Las más altas, para los ex viceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el que fuera delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, para los que el Ministerio Público solicita once años. Para el resto propone entre cuatro y seis de privación de libertad.