Año y medio de prisión para el ganadero de Renedo (Valladolid) que tenía animales muertos devorados por ratas y otros con sarna

El juicio estaba previsto que se celebrara en el Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid, pero el mismo ha sido sustituido finalmente por una vista en la que el condenado y Fiscalía llegaron a un acuerdo para que el primero, tras reconocerse autor de un delito continuado de maltrato animal, se ha conformado con una pena de un año y medio de prisión y su inhabilitación especial durante tres años para profesión, oficio o comercio con animales y su tenencia.

Al carecer de antecedentes penales, el juzgador, de conformidad también con las partes, ha resuelto suspender la ejecución de la condena por espacio de dos años, periodo en el que el condenado no podrá volver a delinquir, según la sentencia 'in voce' anticipada por el juez recogida por Europa Press.

El acusado regenta desde hace años una explotación ovina en Renedo de Esgueva (Valladolid), donde el estado insalubre de las instalaciones y total falta de cuidados de los animales de la misma ha dado lugar, desde el año 2015, a diversas actuaciones del Ayuntamiento de la localidad y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

De hecho, la explotación carece de licencia ambiental desde enero de 2018, hasta el punto de que la Dirección General de Producción Agropecuaria dictó el 7 de febrero de 2020 una resolución decretando su cierre y solicitando la baja en la Base de Datos del Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León, junto con la obligación de que los animales abandonaran la finca, con prohibición de entrada de nuevos.

A pesar de ello, la situación se había ido agravando hasta que en la madrugada del 25 al 26 de febrero de 2024 se produjo un derrumbe parcial de las instalaciones, lo que hizo necesaria la tramitación urgente de un expediente de declaración de ruina inminente, y para el desalojo de los animales.

Tras este derrumbe, el día 28 de febrero de 2024, sobre las 10.30 horas, a petición del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid se personaron en la explotación ganadera y, dadas las condiciones en que se encontraba, no pudieron acceder al interior, aunque sí pudieron comprobar la existencia de siete cadáveres de ovinos, en parte devorados por roedores u otros animales, y que fueron retirados por una empresa de gestión, mientras que otros animales vivos -permanecía en las instalaciones más de un millar de cabezas ovinas- se encontraban cubiertos de suciedad y afectados por lo que parecía sarna.

El 8 de abril de 2024, acompañando a la subinspectora de Trabajo, se personaron en la explotación efectivos del Eprona constatando que la explotación presentaba unas condiciones iguales a las ya detectadas y se localizaron doce cadáveres de ovino amontonados en el patio que estaban siendo comidos por las ratas, y junto a ellos los animales vivos.

Los animales enfermos no estaban aislados, los comederos están muy deteriorados, el suministro de agua se hacía en recipientes ubicados en el suelo, en los que había heces, restos de alimentos y suciedad en general, ya que los ovinos transitan por encima de ellos, sin disponer de cama seca y limpia.

Los suelos se hallaban cubiertos de estiércol cuyo espesor, en algunas zonas, llegaba a los 250 o 300 centímetros e incluso hasta casi el tejado, situado a unos 4 metros de altura, deambulando el ganado sobre él.

Las ovejas se encontraban en malas condiciones de limpieza, el vellón sin esquilar en muchos casos. No presentaban buen estado de carnes y la práctica totalidad del rebaño estaba afectado de ostensibles lesiones en cara, ojos y orejas debido a la presencia de ácaros de la sarna, que se detectaron en la analítica de las muestras de raspado de piel tomadas el 3 de mayo de 2024. Esta enfermedad precisa de un tratamiento veterinario que el acusado no proporcionó a los animales que estaban bajo su posesión y cuidado.

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El acusado no llevó a cabo ninguna actuación para control de plagas, a pesar de la abundancia de ratas. Además, la alimentación que el acusado facilitaba a los ovinos era claramente insuficiente pues los pastos adjudicados en 2023 y 2024 admitían 350 cabezas de ganado, mientras que en la explotación permanecían 1.206 animales, de modo que con el pasto adjudicado habría 850 ovejas que no contaban con el forraje necesario.

Por otra parte, la ración diaria de pienso compuesto complementario al forraje que precisa una oveja adulta es de 0,99 kg, por lo que los 28.125 kg de pienso compuesto complementario adquirido por el acusado entre el 31 de agosto de 2023 y el 8 de mayo de 2024 solo cubrirían el 11,3% de la ración diaria, ya que en este período se habrían precisado 248.490 kg.

La carencia de cuidados y ausencia de medidas de bienestar, higiene y sanitarias a las que sometía el propietario de la explotación a sus reses, según recoge la sentencia, ha sido la causa de las enfermedades y mal estado de la mayoría de los animales, y de la muerte de buen número de ellos. Estas muertes se fueron incrementando durante los últimos cuatro años y, de hecho, llegaron a duplicarse respecto a las cifras del año 2023.

En este sentido, si la tasa de mortalidad que se establece como normal para el ovino de carne es del 5% en reproductoras y de un 3% en el caso de ovino de cebo, la calculada en la explotación del acusado habría sido del 16%, teniendo en cuenta el número de muertes comunicadas entre enero y noviembre de 2021, superando en más de tres veces la establecida para esta especie y tipo de producción.

Una vez incoada la causa penal, por auto de 10 de mayo de 2024 el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid acordó que por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León se tomaran, de forma inmediata, las medidas de corrección, seguridad y control que impidieran la continuidad de los graves daños a los animales y el riesgo para la salud pública, mediante el decomiso y/o destrucción del ganado que aún se mantenía en la explotación del acusado.

El estado de los animales, afectados por sarna, enfermedad con alta tasa de transmisibilidad a otros mamíferos, incluido el hombre, determinó que el 17 de mayo de 2024 se resolviera, por la Dirección General competente, el sacrificio y destrucción de todas las ovejas que permanecían en la explotación ovina.