«Anillos de seguridad» en los municipios para evitar que el fuego llegue a las casas

Estos «anillos» requerirán, ha anotado Armisén, una «maquinaria específica» que pagará la Junta. Según concretó más tarde el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, que también se ha pronunciado tras la reunión, se financiará así a través de ayudas directas para adquirir dichas máquinas (bulldozer, motoniveladoras...) que permitan la delimitación de «un anillo de protección para cada núcleo rural» para que «ningún incendio pueda llegar a las casas» y poner «por delante la seguridad de las personas». El objetivo es que sirvan para para crear esa «circunvalación y su mantenimiento», y el único «requisito» será que la maquinaria esté a disposición de la Junta en emergencias, añadió el consejero. Como parte del Gobierno regional, también han acudido otros tres titulares: la vicepresidenta y responsable de Familia, Isabel Blanco; la consejera de Agricultura, María González Corral, y el de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Pero ha sido Armisén la que ha puesto voz a lo hablado. La también presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias ha remarcado que la mayor parte de labores de prevención de incendios son de competencia municipal, aunque tras el encuentro se ha concluido que muchos pequeños ayuntamientos «necesitan un refuerzo», por lo que –aun sin hablar de presupuesto– la Junta ha comprometido otro pellizco a la cartera para «sufragar el 50 por ciento del coste de todos los planes de emergencia» que, como ha remachado Gago, están obligados a desarrollar hasta 714 de los 2.248 municipios de Castilla y León, por su «especial riesgo» ante los incendios.

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Como tercera medida, Armisén ha revelado que se plantea «actualizar las encuestas de infraestructura». Es decir, pasar revista a hidrantes y bocas de riego y otros recursos ante un hipotético fuego, estudios técnicos también subvencionados al 50 por ciento.

La palentina ha anunciado también que plantean la «necesidad de una modificación normativa que va a tener por objeto una menor intervención de la administración en el territorio», algo que entienden que sólo va a «facilitar la vida diaria en las localidades, las zonas de bosque y monte». El titular de Presidencia lo ha articulado de otra forma: «Saben que muchos ciudadanos dicen que no se pueden recoger ramas o productos del bosque y que eso permite una combustión más fácil», ha apuntado. Ha matizado que es por tanto una cuestión de «sensibilidad» hacia la «necesidad de un apoyo normativo más firme a las políticas locales, tanto de ayuntamientos como de diputación, en prevención de incendios». En definitiva, más «instrumentos» y mayor «solvencia jurídica» para convertirles en parte activa del desbroce.

Además, en relación a la recuperación de la zona y a lo más urgente, se ha tenido en cuenta que apremia retirar las cenizas y evitar que los residuos del fuego pasen al agua, por lo que el Somacyl ya evalúa los acuíferos y otros sistemas de abastecimiento. La promesa en ese sentido es un «plan especial» a cargo de la Junta para reparar captaciones que hayan podido quedar dañadas o una inversión para ampliar balsas, ha remachado Armisén.

Otros presidentes provinciales también han valorado positivamente la sentada. De «esenciales y acertadas» ha tildado el de Salamanca, Javier Iglesias, las medidas comprometidas. Un 'anillo' como el esbozado «es esencial para protegerlos de los incendios y en muchas ocasiones los pequeños municipios no tienen las herramientas ni el presupuesto suficiente para hacerlo», ha reconocido, tal y como informa Ep. Ha elogiado un planteamiento que reducirá «las trabas burocráticas». Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha calificado la reunión como «constructiva». «Nosotros también presentaremos el lunes un plan completo del Consejo de Alcaldes, y alguna de esas medidas va recogida ahí, como la financiación, en este caso, de maquinaria», ha apuntado. La apuesta será por la pesada, «que tan bien nos ha funcionado el año pasado», ha asegurado, recoge Ical. Más reivindicativo se mostró el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha reclamado que se tenga en cuenta la realidad de la provincia leonesa, con «muchos pueblos con muy pocos habitantes». «No pedimos nada que no merezcamos. Pedimos justicia», ha remarcado.

Como cierre, González Gago ha confiado en la unidad para abordar incendios de esta magnitud y ha realzado la «escucha» a los alcaldes y a las diputaciones como «actores esenciales». «El fuego aprende y nosotros, de cualquier situación dramática, también debemos aprender y avanzar para que no se reproduzca», ha sentenciado.

Por otro lado, la Junta ha incorporado a las principales organizaciones agrarias y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) a un grupo de trabajo para diseñar medidas que permitan «minimizar» riesgos y ser «más eficientes». Los representantes del campo pidieron un «cambio radical» y que se refuercen prácticas como las quemas controladas, los desbroces y los cortafuegos.