El traspaso de Justicia se aparca hasta aprobar el nuevo modelo
Gallardón y De Santiago-Juárez, ayer al término de la reunión que mantuvieron en Madrid - efe

El traspaso de Justicia se aparca hasta aprobar el nuevo modelo

Gallardón se desmarca de la propuesta del CGPJ de reducir los partidos judiciales

valladolid Actualizado:

La transferencia de la Justicia tendrá que esperar. Así lo acordaron ayer el ministro de esta cartera, Alberto Ruiz Gallardón, y el consejero castellano y leonés de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en una esperada reunión —era la tercera vez que se convocaba— que no se saldó con un paso definitivo hacia la posible asunción de estas competencias. Y es que ambos decidieron posponer la negociación de los términos con los que la Comunidad aceptaría hacerse cargo de las mismas hasta otoño. En concreto, las conversaciones han quedado aparcadas hasta el mes de septiembre u octubre, cuando el Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados un proyecto de Ley para un nuevo modelo de Justicia. Una reforma del sistema a partir de la cual se emplaza a la región para comenzar a trabajar.

«Parece sensato, oportuno y adecuado esperar a la reforma de la Justicia española para posteriormente sentarnos a negociar». Así lo aseguró ayer De Santiago-Juárez tras la reunión mantenida con Gallardón en Madrid. Un encuentro «amable y positivo» en el que no se llegaron a analizar las ansiadas competencias, ya que, según justificó el consejero de la Presidencia, el nuevo modelo puede implicar diferencias monetarias sustanciales de cara al trasvase. Por ejemplo, señaló que «depende mucho» el acuerdo de «si se decide que en todas las provincias se implante una oficina judicial o si se mantienen las actuales, que son dos, en León y Burgos. Habrá que saber si son nueve o dos, porque la financiación es distinta». Por ello, es de «sentido común» que las comunidades que aún no han asumido las competencias aguarden primero a la presentación del modelo antes profundizar en unos términos que pudieran quedar desfasados.

Castilla y León pospone, así, el «tira y afloja» con el Gobierno a la vista de estos cambios, ya que quiere «asumir competencias, pero no déficit», y teniendo en cuenta que las modificaciones podrían variar los límites marcados en Castilla y León para hacerse cargo de la Justicia y que ayer fueron presentados ante Gallardón. Unas líneas rojas que se recogen en un Pacto acordado con el consenso del sector —sin el respaldo de los sindicatos— y en el que se marca el coste efectivo de la transferencia —de treinta millones más que la oferta del Gobierno— y garantías de inversión por parte del Ejecutivo central.

Pacto «interesante»

El denominado Pacto de la Justicia contempla un coste efectivo del traspaso de 139.5 millones de euros anuales y recoge como cláusulas para asumir las competencias que el Estado cubra las necesidades de órganos judiciales, implantación de oficinas judiciales, infraestructuras pendientes, la informatización de los registros civiles y los acuerdos sindicales. En la reunión de ayer, Gallardón consideró «interesante» esta propuesta de la Comunidad, sin que se llegará a negociar al quedarse aparcada por la proximidad de una reforma judicial, y no por ningún cuestionamiento del modelo autonómico, dejó claro De Santiago-Juárez, que indicó que éste «ha sido la historia de un éxito», ya que «España se ha modernizado y ha progresado gracias a la descentralización».

Informe «socialista»

Por otro lado, tal y como se había comprometido, el también portavoz de la Junta trasladó ayer a Gallardón el «rechazo» de la Comunidad a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la eliminación de demarcaciones judiciales, que implicaría la desaparición de 25 de los 41 partidos existentes en Castilla y León. Como respuesta, el ministro se desmarcó de esta iniciativa y recalcó que el informe no es «para nada vinculante» al Gobierno y que, de hecho, éste ha sido realizado por cuatro vocales, de los cuales tres fueron nombrados a instancias del PSOE, y que además había sido solicitado por el anterior Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho esto, Gallardón, le trasmitió un mensaje de tranquilidad y le aseguró que antes de proceder a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial consultará y «escuchará» a la autonomías para conocer las situaciones particulares de cada ámbito, concluyó De Santiago-Juárez.