Los «tareas pendientes» de Rajoy con Castilla y León
Herrera conversa con Rajoy tras la Ejecutiva del PP en Madrid en mayo - ICAL

Las «tareas pendientes» de Rajoy con Castilla y León

Un nuevo modelo de financiación y pagar las «deudas» del vigente,el apoyo a la agricultura, la A-11 y la A-60 forman parte de la «herencia» del futuro presidente con la región

VALLADOLID Actualizado:

Aún no ha tomado posesión ni trazado en su discurso de investidura sus líneas maestras de actuación en su primera legislatura al frente del Gobierno central, pero Mariano Rajoy ya tiene una lista —y no precisamente pequeña— de «tareas pendientes» con Castilla y León heredadas de la acción —o más bien inacción— de su predecesor en La Moncloa, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Infraestructuras, agricultura, financiación, sanidad… El listado de las «deudas» con una Comunidad que ha vuelto a demostrar su fidelidad y apoyo al Partido Popular se extiende por todos los campos y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya anunció el martes en el primer Pleno de las Cortes regionales tras las elecciones del 20-N que serán igual de «exigentes» con el nuevo Ejecutivo nacional que con el saliente para que cumpla sus «compromisos» adquiridos en el programa electoral y, teniendo en cuenta, que más allá de los colores políticos en que coincidirán ambas administraciones, está la defensa de los intereses de la Comunidad y sus ciudadanos.

Rajoy tiene por delante el reto de responder a Castilla y León con la misma fidelidad que los ciudadanos lo han hecho con el PP; y la Junta, mantener el mismo nivel de exigencia ahora que va a cambiar el inquilino de La Moncloa. Y todo ello aderezado con el ingrediente principal del nuevo plato: la crisis económica y la escasez de recursos en las arcas públicas.

Financiación Autonómica

Nuevo modelo y 724 millones

Si ya en el diseño y negociación del nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Zapatero, la Junta mostró su rechazo y reticencias a varios puntos —sobre todo por considerar que no tenía suficientemente en cuenta a la hora de fijar el reparto de los fondos características de Castilla y León que encarecen la prestación de los servicios, como la dispersión territorial o el envejecimiento—, con el paso del tiempo las críticas se han ido agudizando. El «incumplimiento», según el Ejecutivo autonómico, de los pagos comprometidos se ha convertido en caballo de batalla casi desde el principio. Tanto que se ha llegado incluso al Tribunal Constitucional —que ha admitido a trámite el recurso— al considerar que el Ejecutivo socialista no ha cumplido con la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 al no transferir a la Comunidad 724 millones de euros (211 millones procedentes del Fondo de Cooperación y 513 del de Suficiencia).

Estos 724 millones de euros forman parte y son el grueso de los 951,2 millones que, según el informe elaborado en marzo por la Junta, «debe» el Gobierno central a Castilla y León. 1.240,92 euros por cada una de las 766.552 familias, en los que se incluyen también las deudas por las «deslealtades» en materias tan diversas como dependencia, sanidad, educación o empleo.

Financiación local

Definir competencias

Junto a la mejora de la Financiación Autonómica, queda pendiente la Local, comprometida por Zapatero en su primer mandato, allá por 2004, y en la que nada se ha avanzado desde entonces pese a las reclamaciones de la Junta y, sobre todo de los municipios, a los que la crisis y la escasez de ingresos acucia sobre manera. La petición es clara, entrar en el reparto de los recursos del Estado a partes iguales con la administración central y regional y que se definan las competencias, puesto que buena parte de sus facturas se dedican a tareas impropias.

Infraestructuras

A-11, A-60, alta velocidad...

A lo largo de muchos kilómetros y kilómetros se extiende el trazado de las reivindicaciones y cuentas pendientes en materia de infraestructuras del Estado en Castilla y León. Entre las numerosas obras en el apartado del «debe» como desdoblamientos de varias carreteras y circunvalaciones, hay dos obras señeras en la Comunidad: la Autovía del Duero y la León-Valladolid. La primera continúa varada y sin solución para dar continuidad a una vía tan demandada como complicada de ejecutar, sobre todo en el tramo de los viñedos de la Ribera del Duero. Los retrasos que acumulan son innumerables desde que en 1997 este corredor que ha de vertebrar la Comunidad de este a oeste se incluyó entre las prioridades viarias del Ministerio. Han pasado cuatro Gobiernos y dos presidentes y todo sigue casi como al principio, con la N-122 siendo una carretera convencional, pocos tramos en obras y los realizados mantienen a los vecinos en pie de guerra porque no han cobrado las indemnizaciones por las expropiaciones. Tampoco se puede viajar por una vía de alta capacidad entre León y Valladolid. Ni siquiera Zapatero ha logrado terminar como prometió el acceso a la capital leonesa desde Santas Martas, adjudicado en mayo de 2008. La entrada a Valladolid tampoco está desdoblada y en el grueso de la obra, entre Villanubla y Santas Martas, las máquinas ni siquiera saben por dónde deben ir.

En el capítulo de alta velocidad, el Ejecutivo socialista logró inaugurar el primer AVE que llegó a la Comunidad, la línea Madrid-Segovia-Valladolid, en diciembre de 2007, iniciada y encarrilada en el mandato de José María Aznar, y ahora hay 518 kilómetros en obras hacia Palencia, León, Zamora y Burgos, con la continuación hacia Galicia, Asturias y País Vasco, pero nada concluido. A ellas hay que añadir la línea Ávila-Segovia, que ha aparecido y desaparecido de los planes como el Guadiana.

Agricultura

PAC y Ministerio único

Especialmente sensibles para Castilla y León son las cuestiones en materia de agricultura. uno de los sectores «estratégicos» en la Comunidad y sobre el que Rajoy siempre ha hablado cada vez que se ha acercado a la región. Entre sus promesas destacadas en este campo, la recuperación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, demandado por los profesionales y la Junta, después de que el Ejecutivo de Zapatero lo incluyese en el de Medio Ambiente. Y si hay un tema en materia agraria destacado ése es el de la negociación de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para el horizonte 2014-2020. El texto presentado por el comisario Europeo Dacian Ciolos ha encontrado en Castilla y León —y, en general, en el conjunto de España—, un rotundo rechazo, por lo que la negociación que se abre es fundamental para defender los intereses del sector y al nuevo Gobierno le tocará jugar un papel clave para demostrar si es capaz de imponer sus demandas en el seno de los 27. Las alianzas entre países serán claves y ahí también tendrá que mostrar sus dotes para el entendimiento.

Plan de Convergencia

Mantener y cumplir

El Plan de Convergencia Interior fue uno de los puntos de acuerdo entre Junta y Gobierno central en la pasada legislatura, aunque no llegaron a cumplir las expectativas iniciales. 2009 pasó sin entendimiento entre las partes y para 2011 el Estado finalmente sólo aportó 50 millones, 75 menos de los comprometidos. El carácter plurianual del plan «obliga» al nuevo Ejecutivo que presidirá Rajoy a cumplir con Castilla y León y esta iniciativa con la que se buscan eliminar desequilibrios entre las diferentes zonas de la Comunidad.

Desarrollo Rural

Un compromiso heredado

En vísperas del cambio de inquilino en La Moncloa, Junta y Gobierno central llegaron hace unos días a un acuerdo para definir las 28 zonas prioritarias a revitalizar en la Comunidad (se extienden sobre el 77 por ciento de la región y afectan a 1.702 de los 2.248 municipios) a través del programa de Desarrollo Rural emanado de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible aprobada por el Ejecutivo de Zapatero. El compromiso es firmar antes de que expire este 2011 el acuerdo que supondrá la inversión entre 2012 y 2016 de 324 millones cofinanciados entre ambas administraciones, a razón de 64 millones al año, lo que obligaría al nuevo Gobierno a tener en cuenta esa partida en sus próximas cuentas.

Sanidad

Cartera única

En un momento en el que la sostenibilidad del Estado del Bienestar y sus servicios públicos fundamentales está siendo cuestionada, la Junta ha apostado —también desde hace tiempo— por una cartera única sanitaria, que el Gobierno coordine esta política, evitando la disparidad de servicios entre territorios, a la vez que se garantizan los recursos suficientes para su prestación.