«Suma de sacrificios, solidaridad y renuncias»
Del Olmo charla con Herrera, ayer durante el pleno de las Cortes - f.heras

«Suma de sacrificios, solidaridad y renuncias»

El PP aprueba en solitario en las Cortes la ley que crea el céntimo sanitario, incrementa la jornada a los funcionarios e impone dos ecotasas

ISABEL JIMENO
VALLADOLID Actualizado:

Del papel del Bocyl a los marcadores de los surtidores y al bolsillo de los usuarios en 24 horas. Es lo que tardará en hacerse realidad el conocido como céntimo sanitario, los 4,8 céntimos más por litro de carburante que a partir de mañana costará repostar en las gasolineras de Castilla y León. Una de las decisiones más protestadas y contestadas de las diseñadas por la Junta para intentar paliar la significativa caída de ingresos a causa de la crisis, y así mantener en pie y con calidad los grandes servicios públicos, que ayer fue aprobada por las Cortes dentro del conjunto de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y de la Administración.

La norma, que salió adelante con el voto en solitario de la mayoría holgada del PP y en contra de los grupos de la oposición (Socialista y Mixto), introduce también novedades significativas en el panorama impositivo de la Comunidad, que deja de ser la única sin tributos propios merced a las dos nuevas ecotasas; incrementa a partir de abril (del próximo curso en el caso de educación) y hasta que la economía crezca más del 2,5% la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 37,5 horas semanales y supone novedades —en clave más positiva— en cuanto a la desgravación por adquisición de vivienda nueva o vuelta a la actividad de los autónomos en paro, entre otros puntos recogidos en los 74 artículos, 21 disposiciones adicionales y exposición de motivos de un texto «complejo» y tramitado de «urgencia».

Medidas de austeridad, eficiencia en el gasto público y nuevos mecanismos recaudatorios «difíciles» de tomar, como reconoció la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en su defensa del texto, pero cuya puesta en marcha era «improrrogable» ante el «complicado» escenario económico-financiero y el nada halagüeño porvenir.

Y es que, sin querer ser «excesivamente alarmista», como advirtió la responsable de las cuentas autonómicas, lo cierto es que los datos macroeconómicos no son para tirar cohetes. La «anunciada» recesión en la que entrará España puede ser «más profunda y larga» y eso acarreará aún mayores dificultades también para las administraciones, para las que la caída de ingresos por tributos supone un lastre a la hora de atender sus competencias y mantenerse a raya con un objetivo de déficit que ya en 2011 no se ha podido cumplir.

«La obligación es decidir»

Esta situación y el hecho constatado de que desde que comenzó la crisis, en 2007, el «desequilibrio» entre lo que entra en caja y lo que se debe abonar es tal que el Presupuesto de gastos de la Comunidad ha aumentado en este tiempo casi 400 millones, mientras que los ingresos han caído en 685 millones de euros, «no permiten posiciones inmovilistas», subrayó Del Olmo, quien pidió no valorar de «manera cortoplacista» el «esfuerzo» que se pide a los ciudadanos con este conjunto de medidas.

«La obligación de un gobierno es decidir», y hacerlo de manera «decidida», para atender las necesidades de los ciudadanos, «sin gravarles más de lo necesario, pero evitando hipotecar el futuro», afirmó la consejera, quien reconoció que superar la «compleja realidad» de la «mejor forma y en el menor tiempo posible» requiere «una suma importante de sacrificios, renuncias y solidaridad». Y eso «es lo que el Ejecutivo pretende» con esta ley: salir de la crisis y, principalmente, «contribuir a la sostenibilidad de los públicos». «No busquen pues medidas de contenido puramente económico», que llegarán en breve de la mano de los Presupuestos, advirtió la consejera.

Precisamente esa falta del impulso a la actividad económica y el empleo es lo que echó en cara el PSOE a la Junta, a quien acusó de ser que favorecerá el paro. Además también criticó su falta de «intento de acuerdo político», extremo negado desde el Ejecutivo y el PP, al poner sobre la mesa precisamente al acuerdo alcanzado con los médicos para flexibilizar la aplicación del aumento de jornada alcanzado este mismo lunes. Una transaccional a través de una enmienda del leonesista Alejandro Valderas a la exposición de motivos —la única con relación a la materia— permitió introducir a la ley lo pactado entre el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, y el sindicato mayoritario de los facultativos. El punto, fue aprobado con la abstención del Grupo Socialista, que recriminó que no todos los sindicatos estaban de el acuerdo.

«No la conoce ni su madre»

«Es la ley de la marcha atrás», criticó el socialista José Francisco Martín, en alusión a los numerosos cambios sufridos —introdujo en el trámite las 52 enmiendas del PP—. «Ya no la conoce ni la madre que la parió», aseguró el portavoz del PSOE en Hacienda,quien consideró que el texto «supone un punto de inflexión» en los gobiernos del PP en Castilla y León y Juan Vicente Herrera, al suponer «una ruptura con la realidad, las necesidades de la gente, el diálogo social y las promesas electorales». Una norma «muy mala», «un bodrio», afirmó el procurador del PSOE, quien se centró más en criticar la ley y la, a su juicio, «mezcla de soberbia e ignorancia que ha caracterizado el proceso», que en defender sus enmiendas y su alternativa.Martín, quien tachó de «esperpento» el «centimazo sanitario» y tildó irónicamente de «genialidad» la tasa de protección ciudadana, señaló que la alternativa socialista es «más solidaria, más progresiva y justa», basada en lo que calificó como la «doctrina herreriana —en alusión a Herrera—, que pague más el que más tiene».

El PP rechazó las enmiendas socialistas porque «intentan aplicar en Castilla y León lo mismo que en España» en los últimos ocho años, «ponen en riesgo la calidad» de los servicios públicos al «poner en riesgo» su financiación y «contribuirían a retrasar la recuperación económica» al «incidir» en el déficit público. «Ustedes pueden tener dos cabezas, pero sus enmiendas no tienen ni pies ni cabeza», replicó el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo en su turno en contra de los planteamientos del PSOE. Además, Carriedo defendió las medidas como «necesarias, útiles, que nos van a ayudar a mejorar y mantener la calidad» de los servicios públicos y a la «recuperación», además de ser «lo que esperan los ciudadanos de nosotros, que no nos escondemos detrás de una hoja de papel», dijo en referencia al cartel que decoraba la bancada socialista en contra del céntimo sanitario.

Estreno

Desde el Grupo Mixto, tanto el Alejandro Valderas (UPL) como José María González (IU) también cargaron contra el texto defendido por Pilar del Olmo. El leonesista, que calificó de «master ley» la norma al «tocar» otras 25 leyes, negó la necesidad de la urgencia. Mientras, González, también cargó contra las «prisas, premura y afán recaudatorio» de la norma y la «soberbia del rodillo del PP» en la tramitación de una «mala ley». Les dio la réplica el popular Salvador Cruz, que se estrenó como portavoz del PP de Hacienda, y defendió que el objetivo es «ingresar para garantizar unos servicios de calidad».