Vicente Villagrá, a su llegada ayer a la Consejería de Economía - f.heras

La Junta contempla reducir a 9 el número de Cámaras ante la supresión de cuotas

La dificultad para acceder a la financiación hace peligrar el futuro de Béjar, Astorga, Arévalo, Briviesca y Miranda

J. M. AYALA
VALLADOLID Actualizado:

La continuidad de cinco de las catorce cámaras de Comercio existentes en Castilla y León está más en el aire que nunca. La supresión de las cuotas decretada por el Gobierno central —«sin previo aviso»— ha dejado a todas, pero especialmente a las más pequeñas, en una situación delicada. Su tabla de salvación pasa por la aprobación de algunas de las enmiendas que se puedan plantear a nivel nacional frente a un norma que les ha disgustado «profundamente». Sin embargo, si nada varía y el Decreto Ley sale adelante como quiere el Ejecutivo, la Junta de Castilla y León ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que haya que reducir su número. Sin que esta idea aún esté cerrada, fuentes de las propias organizaciones camerales coincidieron en señalar a ABC que el vicepresidente económico, Tomás Villanueva, planteó ayer esta opción en la reunión celebrada por la mañana en la Consejería que dirige.

La reestructuración —mediante probables fusiones— pasaría por mantener una única Cámara en cada una de las provincias, con lo que el futuro de las de Arévalo, Briviesca, Miranda de Ebro, Astorga y Béjar estaría ahora mismo en cuestión, así como los servicios que ofrecen, que deberían ser asumidos por las radicadas en las capitales. Y es que las fuentes consultadas admiten también que serán las pequeñas «las que más dificultades tendrán para acceder a la financiación» si finalmente se quedan sin los ingresos provenientes de sus empresas adscritas.

En todo caso, la reducción contemplada por el Gobierno regional y que algún presidente de Cámara tampoco rechaza, depende aún de la evolución del Decreto Ley. De momento, Junta y Cámaras se dieron ayer un nuevo margen de un mes de duración para observar lo que ocurra a nivel nacional. Ese es también el aplazamiento acordado para la Ley de Cámaras de Castilla y León, consensuada antes de que el Gobierno sorprendiera con la supresión de cuotas. Los propios asistentes a la cita reconocían ayer a este periódico que «no tendría mucho sentido hacer una ley cuando se puede modificar la nacional».

Pese a que la reunión se alargó durante varias horas, uno de los aspectos previstos que finalmente no se analizó —precisamente por ese periodo de «gracias» acordado— fue el de la solicitud de una subvención anual de seis millones de euros a la Junta para afrontar «una reorganización necesaria». Este aspecto también se retomará en un próximo encuentro, ya con la presencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

«Futuro complicado»

De momento, y según explicó ayer el propio Villanueva, Junta y Cámaras perfilan un programa extraordinario para desarrollar en 2012 que defina los servicios prestados por estas entidades a las empresas, principalmente pymes.

El argumento para trabajar en este programa es que 2011 será el último ejercicio en el que estas entidades cobren esta cuota, dado que corresponde a las del año pasado —se perciben con un año de retraso—, por lo que se considera que 2012 será de transición. Por ello, Villanueva abogó por mantener la «estabilidad» de la actividad cameral el próximo año y la capacidad «suficiente» para desarrollarlas. «No queremos que las empresas se queden huérfanas de recibir servicios ni tampoco llegar al último trimestre de este año con los deberes sin hacer», aseguró.

El vicepresidente económico recordó que la Ley de Cámaras de Comercio de Castilla y León se encuentra en su trámite parlamentario. «Veremos si se toma alguna decisión al respecto con las enmiendas y las iniciativas parlamentarias», dijo.

Por último, argumentó el apoyo de la Junta a las cámaras en que son consideradas corporaciones de derecho público, son centenarias y tienen una situación de futuro «complicada».