Violadas por el padre y vendidas por su hermana

No sólo eso, sino que además el cuñado de las chicas participó en la concertación de los matrimonios forzados a cambio de una suma de 8.000 euros y previamente había abusado sexualmente de una de ellas cuando aún no había cumplido los 16 años , según pone de relieve el relato de hechos del fallo judicial.

Lo ocurrido se circunscribe en el contexto de las familias de etnia gitana y procedencia rumana asentadas en el municipio de Morales de Toro (Zamora), comunidad en la que tradicionalmente se han concertado matrimonios pese a que la ley española castiga esas prácticas con penas que pueden superar los diez años de prisión.

En el caso recogido en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora las penas que pidió inicialmente la Fiscalía fueron de diez años de cárcel por cada delito de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonios forzados y de cinco años por los abusos sexuales.

Sin embargo, el jueves antes de la celebración del juicio hubo un acuerdo entre las partes y se redujo a un año la pena de prisión para el marido y suegros de una de las niñas – los padres del menor con el que se casó la segunda están en búsca y captura –, a dos años para la hermana y tres y medio para el cuñado.

Esa significativa reducción de las penas está justificada por lo que en términos jurídicos se denomina el «error de prohibición vencible», que se aplica cuando alguien actúa creyendo que no lo hace en contra de la ley pero sin haber tenido la diligencia adecuada para enterarse de que esa conducta estaba prohibida.

Bajo esas circunstancias, la hermana y el cuñado de las menores, que entonces tenían 16 y 17 años , concertaron matrimonios con las familias de dos hombres de la comunidad gitana rumana y se fueron a vivir a sus casas, una de ellas ubicada también en Morales de Toro y la otra en Pozaldez (Valladolid).

Una operación policial desarrollada en febrero de 2018, cuando las dos menores ya habían quedado embarazadas, permitió practicar la detención de los cinco condenados y de otras dos personas implicadas que están en busca y captura al no haber podido ser localizadas para asistir al juicio.

La única persona que ingresó en prisión provisional por los hechos fue el cuñado, cuyo abogado solicitará ahora la ejecución de sentencia cuanto antes, ya que con la pena de cárcel que ya ha cumplido estos años tiene la condena prácticamente cumplida y podrá salir en tercer grado. Inicialmente se le pedían 45 años de cárcel pero finalmente la pena acordada quedó en tres años y medio de prisión.

Su abogado, Alejandro Cóndor, ha justificado la reducción de penas porque son personas «con una ley y unas costumbres muy distintas a las nuestras» y de lo que se trata es que puedan reinsertarse en la sociedad y se les pueda «inculcar poco a poco» lo que establece la Constitución y el ordenamiento jurídico español.

Por ello, ha entendido que el acuerdo de penas sobre los matrimonios forzados «no chirría», sino que «se ciñe a los principios fundamentales que ilustran nuestro Derecho», pese a que la sentencia, que ya es firme, no fije indemnización alguna para las víctimas porque éstas no la reclamaron.