Tiendas que cobran por probarse la ropa: ¿idea o tendencia?

La sugerencia en cuestión lanzada a la ministra de Industria, Reyes Maroto , y al resto de consejeros en la conferencia fue que las tiendas «comiencen a cobrar a los clientes por usar los probadores », ya que después «la gente lo compra en las grandes compañías que venden en internet». Tras sus palabras no tardaron en llegar las opiniones en contra, tanto de los consumidores como por parte de las asociaciones de comerciantes, como la de Soria, que tildó de « patochada » la idea de la titular de Economía y Hacienda.

Tras la polémica, Pilar del Olmo tuvo que puntualizar ayer que sólo se trató de un «ejemplo» y no de una propuesta . «¿Quién soy yo para proponer a un comerciante que haga algo?», remarcó para recordar que hay algunos países en los que ya no existe ese comercio tradicional y otros en los que ya se cobra por probarse la ropa. Un ejemplo de esto último es el de una zapatería de Estados Unidos que decidió cobrar 20 dólares por ponerse alguno de sus modelos, o una tienda de quesos de Australia, que fijó una entrada de 5 dólares para todo aquel que entrase en su establecimiento, ya que estaba harto de «mirones» que luego compraban en otro local.

Incluso en España se dan estos casos. Un establecimiento de Burgos llamado Tecnisport advierte que cobran solo por la prueba de un producto, las botas de nieve , por la sencilla razón de que estudian el pie del cliente, le prueban varios modelos y pueden estar hasta una hora y media para dar con el par adecuado. En el caso de que el comprador no las adquiera, tiene que pagar 30 euros por probárselas.

Por ello, Del Olmo celebró que sus palabras, que fueron «un simple ejemplo» -aseguró que «nunca» ha llegado a proponer la medida a las asociaciones- hayan servido al menos para « generar debate ». «Cuando hay debate las cosas se mueven, y quiero que se conciencie todo el mundo de esto, porque a mí como consejera me gustará que cuando mi hija dentro de unos años salga a la calle, el paisaje urbano de las ciudades no haya cambiado, pueda salir a comprar y a ver escaparates. No quiero que ese panorama cambie porque es una seña de identidad de Castilla y León , de España y de Europa», advirtió.

Desde el sector, la presidenta de la Confederación de Comercio de Castilla y León, Rosario Sanz , aseguró que lo primero que le sorprendió es que la consejera «reflexionase en alto» porque es una idea «que no ha consensuado con nosotros para nada» y no dudó en afirmar que marcar unas directrices de actuación dentro del comercio « no es una labor de los políticos ». Eso sí, afirmó que esta práctica que realizan los consumidores de probarse la ropa en los establecimientos, sobre todo en los multimarca, y luego comprarlo con ordenadores, tabletas o smartphones es más frecuente de lo habitual y es «una competencia desleal en ese sentido, pero lógicamente es una actividad que el comprador tiene que hacer antes de realizar una adquisición». Una forma de comprar que tiene el nombre de «showrooming».

A su vez, Sanz criticó que parece que a los políticos «lo único que les interesa últimamente es regular el comercio de proximidad , y el resto de los formatos de venta, como pueden ser la online, en ferias o ambulante..., no están entrando». Asimismo, comentó que, a tenor de las palabras de Del Olmo, saben que la venta online «gana terreno» a la tradicional y no establecen «ninguna pauta» con este nuevo formato, que es «un desierto» y cualquiera puede hacer «lo que le venga en gana» en la gran red que es internet. También las asociaciones de consumidores rechazaron de plano «idea», ya que consideran que los clientes dejarían de ir al comercio tradicional y éste «tendría que cerrar».

El sector del comercio no fue el único en mostrarse en contra, ya que los partidos políticos salieron en tromba a intentar ridiculizar la propuesta. Desde el PSOE de Castilla y León ironizaron con la «brillante idea» al sugerir un «impuesto de probadores» para innovar y que perviva el comercio tradicional. Podemos Castilla y León consideró « delirante y surrealista » el ejemplo y Cs defendió que las administraciones no tienen que «entrar en las decisiones empresariales».