Los lobos abatidos en la Comunidad son el 55% de los autorizados por la Junta

Precisamente, la realidad de los últimos años ha demostrado que el 45% de los lobos que cuentan con autorización de la Consejería para ser abatidos —dentro del cupo de caza o como control poblacional— no son capturados, según los datos aportados por el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones . La consideración de especie protegida al sur del Duero, o cinegética al norte implica que en este último caso el cánido sea considerado una pieza más de caza sujeta a unos cupos que en ningún caso se llegan a cumplir. Tampoco como animal protegido se logra abatir los ejemplares autorizados por la Administración en respuesta a los ataques ganaderos y con el objetivo del control poblacional. El resultado, en ambos casos, es que el número de lobos abatidos es muy inferior al autorizado lo que tiene como consecuencia directa que cada vez haya más ejemplares. Una realidad que se produce mientras, por un lado, las organizaciones ecologistas claman por que el lobo sea especie protegida en toda Castilla y León y, por otro, el sector ganadero demanda un mayor control que permita reducir los efectivos de las manadas.

Sin embargo, las autorizaciones en el sur que cada año da la Dirección General del Medio Natural de la Junta no se llegan a ejecutar . En 2016 se permitió dar caza a 13 lobos y se abatieron ocho. Cinco se autorizaron en Ávila, de los que se cazaron tres (uno en la comarca de Ávila y dos en Gredos); en Salamanca (comarca de Ciudad Rodrigo y Salamanca) se dieron muerte a dos de los cuatro lobos que se podían cazar y en Zamora a tres (uno en Sayago y dos en Guareña) de los cuatro autorizados. El pasado año, la Junta permitió dar muerte a nueve cánidos, de los que se apresaron cinco en las mismas zonas mientras que en lo que va de año sólo se ha autorizado un lobo en Zamora, al que todavía no se ha abatido y cinco en Ávila, de los que se ha capturado uno. Se trata, en cualquier caso, de una medida, la de eliminar lobos al sur del Duero, estrictamente regulada tanto por la normativa europea como por la estatal, sustentada en la excepcionalidad de los controles poblacionales en determinadas circunstancias entre las que se incluye que se produzcan daños en la ganadería extensiva, como así está sucediendo, especialmente en la provincia de Ávila. Y es que en la zona sureste de la Comunidad se contabilizan, según el último censo de 2013, unas 27 manadas , con una media cada una de siete ejemplares— a las que hay que sumar un 30 por ciento de lobos "flotantes", de forma que habría unos 250 ejemplares, cifra que se supone que ya está superada.

También el procedimiento para llevar a cabo estos controles poblacionales está perfectamente regulado. Así, es el propio director general del Medio Natural de la Junta el que tiene que dar la autorización para que se pueda dar muerte a un lobo en una zona determinada, una actuación que se lleva a cabo con los agentes medioambientales y celadores de la Consejería aunque también se permite la participación de un colaborador exterior, que pueden ser ganaderos, cazadores o vecinos de la zona. La forma utilizada para cazar al animal habitualmente es la de aguardos o esperas nocturnas (se le espera en un punto determinado) aunque si los daños son graves se puede recurrir a las batidas (una línea de cazadores mientras otros baten el terreno). Esta última técnica no ha sido utilizada en los dos últimos años, según señalaron fuentes de Medio Ambiente, que destacaron que resulta muy difícil apresar a estos animales y las autorizaciones nunca se cumplen, lo que implica que su número vaya en aumento con los consiguientes problemas de convivencia con la ganadería extensiva. Una vez apresado el animal, los centros de recuperación de la Junta lo analiza, toma muestras y acaba por destruirlo, aunque en algunos casos se envían a la universidad si así se solicita.

En la Dirección General del Medio Natural no se oculta lo difícil que resulta recurrir a los controles poblacionales que siempre acaban en los tribunales en forma de denuncia de las organizaciones ecologistas. Tal es así que desde el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones ya se ha optado por que cada autorización que se hace para matar un lobo se envíe directamente a la Fiscalía para que tenga constancia de antemano. De hecho, ninguna de las denuncias que se han presentado hasta el momento ha llegado a prosperar y tan sólo se reclama información.

Mientras, en el norte del Duero, la caza está regulada por el Plan de Aprovechamientos Comarcales, precisamente el que está suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Según el citado plan, cada año se autorizan unas 143 capturas (puede variar en uno o dos ejemplares). De hecho, para esta campaña se habían asignado 141 ya que se ha reducido en dos el de la Montaña de Luna, en León. La cifra se fija después de aplicar determinados coeficientes en función de la situación de la especie en la zona. Así, en la parte más oriental de Burgos y en toda la provincia de Soria no se cazan lobos porque el número de manadas lo desaconseja.

Son cacerías que se llevan a cabo en las reservas de caza y tienen un éxito de ejecución de entre el 60 y el 68 por ciento. Según los datos de la Consejería, en la campaña 2016/17 se realizaron 91 capturas, el mayor número en Zamora, con 34, seguida por Palencia (26), León (25) y Valladolid y Burgos (con tres cada una). La campaña anterior fueron 82 los ejemplares abatidos, en esta ocasión con León a la cabeza (29). En la temporada 2014-15 se mataron 78 lobos y en la anterior 76. Hay que remontarse 2004-2005 para volver a casi el centenar de lobos abatidos (97).  

La caza del lobo sin autorización, tanto al norte como al sur del Duero, es considerado delito aunque su tratamiento es distinto dependiendo de que se produzca en una zona u otra, ya que en un caso se aplican las sanciones fijadas en la Ley de Caza y en otro la Ley de Patrimonio Natural, con la consideración de muy grave. Las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros, además de una cantidad correspondiente al valor del animal fijada en 9.200 euros.