Los sindicatos ponen a prueba a la Junta al anunciar una huelga de empleados públicos

La primera protesta está prevista para el 3 de octubre con concentraciones en las delegaciones territoriales; el 17 se llevará a cabo otra protesta de carácter regional; el 25 de octubre habrá un paro de dos horas para culminar con una huelga general de todo el sector público (incluido el personal sanitario y docente) a primeros de noviembre en fecha aún por determinar. Todo un calendario con el que intentan presionar a la Junta que, hasta el momento, sólo ha manifestado su intención de que las 35 horas entren en vigor a lo largo de la legislatura pero no de forma inmediata como pretenden los sindicatos.

Raquel Fernández (CSIF), Ana Rosa Arribas (CCOO) y Julio César Martín (UGT) reconocieron en su comparecencia conjunta que no tienen esperanzas en que su petición sea aceptada y aseguraron que se sienten «defraudados» e incluso «engañados» por la Junta y su negativa a cumplir un acuerdo que se rubricó el 21 de mayo. Es más, lamentaron que en el transcurso de la reunión del martes el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, llegase a señalar que el acuerdo era del anterior Gobierno autonómico y, por lo tanto, el actual no se sentía vinculado. Con estos planteamientos, insistieron, «es imposible negociar nada, si luego no lo asumen» y advirtieron que «ahora la pelota está en el tejado de la Junta y ellos también tienen elecciones».

Otra de sus críticas sindicales se refiere a los 120 millones de coste que según la Administracion autonómica tendría la puesta en marcha de las 35 horas semanales, una cantidad que de momento no ha sido explicada, según apuntaron. Además, según señaló Ana Rosa Arribas, «se nos está intentando enfrentar a los ciudadanos».

Con este escenario, los representantes sindicales se volverán a sentar esta tarde con el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez; el de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y las consejeras de Sanidad, Verónica Casado, y Educación, Rocío Lucas. Antes se reunirá el Consejo de Gobierno que también podría tomar decisiones al respecto.

De momento, durante la jornada de ayer hasta tres miembros del Gobierno autonómico insistieron en la defensa de que la coyuntura económica y las dificultades que se puedan crear en la prestación de los servicios públicos complican la reducción de la jornada de forma inmediata, aunque se comprometen a que entre en vigor antes de que acabe la legislatura.

Así, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, señaló que respeta «el derecho constitucional» a la huelga y apuntó que está a favor de «cumplir el acuerdo que fue firmado por el Gobierno anterior» aunque «manteniendo los servicios públicos esenciales y su normal funcionamiento por que es lo que los ciudadanos necesitan».

Por su parte, el consejero de la presidencia, Ángel Ibáñez, insistió en que la implantación de la jornada es un compromiso «claro e inequívoco» que está sujeta a «condicionantes económicos y criterios de equidad», si bien matizó que se necesita «un escenario de estabilidad» que evite que la medida se tenga que revertir en el futuro.

Otro consejero, el de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, también dejo clara su postura, similar a la anterior, con la disposición a negociar «sin líneas rojas», pero con la condición de que la reducción de la jornada laboral no perjudique la calidad y la prestación de los servicios a la población. Fernández Carriedo remarcó que la Junta acude a las mesas de negociación con la premisa de la igualdad de trato a los empleados públicos, la sosteniblidad de la decisión y la garantía de los servicios públicos.