El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, en el centro, con la carta remitida al ministro de Cultura y las mociones promovidas en el Ayuntamiento y las Cortes de Castilla y León
El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, en el centro, con la carta remitida al ministro de Cultura y las mociones promovidas en el Ayuntamiento y las Cortes de Castilla y León - EFE

El Senado admite a trámite la moción para preservar la integridad del Archivo de Salamanca

La iniciativa insta al Gobierno a devolver la documentación recibida indebidamente desde 2006

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La moción presentada en el Senado por la Asociación «Salvar el Archivo de Salamanca» para instar al Gobierno a respaldar y preservar la integridad del Archivo de la Guerra Civil Española de Salamanca ha sido admitida a trámite por la Presidencia de la Cámara Alta, tal y como comunicó su presidente Pío García Escudero, según confirmó el colectivo a través de un comunicado.

La moción fue presentada hace una semana por parte de la presidenta de honor del colectivo, la senadora Rosa Domínguez de Posada, para exigir al Gobierno que se abstenga de realizar entrega documental alguna, sí como que, de acuerdo a la ley y las resoluciones judiciales, exija y actúe ante la Generalidad de Cataluña para que devuelva al Archivo de Salamanca «toda la documentación indebidamente recibida desde el año 2006» así como la devolución de los documentos «no restituidos a sus legítimos propietarios» por formar parte integrante del archivo de titularidad estatal.

Esta moción se suma a las presentadas el pasado lunes por este colectivo en el Ayuntamiento de Salamanca y en las Cortes de Castilla y León. El presidente de la asociación, Policarpo Sánchez, advirtió de que no parará «hasta que devuelvan lo robado del Archivo de Salamanca» y que no permitirá que saquen «ni un solo papel más del patrimonio común de todos los españoles».

De la misma manera, reclamó «sosiego y firmeza» al ministro de Cultura para que no «ceda al chantaje» de los separatistas catalanes y les exija la devolución de los 400.000 documentos que «retienen ilegalmente en su poder».