Selectividad: el fin de un sistema

Un total de 10.068 alumnos de 2º de Bachillerato se examinaron entre el 14 y el 16 de junio pasados en los cuatro distritos de Castilla y León y serán los últimos en pasar por este sistema porque los estudiantes que en septiembre comiencen 2º de Bachillerato deberán afrontar la evaluación final, que les servirá para la admisión en las universidades españolas. En principio, la Lomce establece que esa prueba sea indispensable para obtener el título de Bachillerato, pero el Ministerio ha decidido que esto sea así a partir del curso 2017-2018. El próximo curso 2016-2017, los alumnos que aprueben esta etapa obtendrán automáticamente el título de Bachillerato. No así en los siguientes cursos, ya que tendrán que tener aprobada dicha prueba para obtener el título.

Todo este cambio de sistema ha generado inquietud e incertidumbre en las universidades, institutos y entre los alumnos, porque aún no se ha publicado el Real Decreto que regula esa evaluación de Bachillerato conocida como «reválida».

Los rectores pidieron al Ministerio de Educación que la PAU se mantuviera en 2017, algo que descartó el Ministerio, para acordar en mayo con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que la evaluación de Bachillerato fuera una prueba similar a la PAU y que tuviera los mismos efectos que ella para que un alumno con el título de Bachillerato pudiera acceder posteriormente a cualquier universidad española sin tener que pasar un examen específico en cada una de las instituciones universitarias, tal como establece la Lomce.

Las cuatro universidades públicas de Castilla y León se encuentran en estos días a la espera de noticias sobre cómo quedará finalmente el sistema para que puedan admitir a los alumnos en sus grados, porque, como apunta Nieves González, coordinadora de la PAU en la Universidad de Burgos, «aún no está nada claro cómo serán esas pruebas y si habrá más cambios que los que se han ido avanzando».

En esta, como en las restantes universidades, atienden cada día a padres de alumnos y a estudiantes de Bachillerato preguntando cómo será el nuevo sistema y para González, uno de los principales problemas es que aún no se sabe «qué asignaturas ponderamos para admitir a los alumnos en las titulaciones y para llegar a esos 14 puntos máximos en cada titulación». Es decir, qué asignaturas contarán más para poder hacer medicina, una ingeniería u otra titulación que requiera una nota de corte.

Sí afirma que «lo que parece es que no se van a hacer esas pruebas específicas en cada universidad para acceder a una titulación, por lo que pueden estar tranquilos», a la vez que ve con buenos ojos esta decisión del Ministerio (así se lo pidió la CRUE) «para que no tengan que ir rotando por cada universidad para poder ser admitidos».

Partidaria de una selección posterior al Bachillerato porque «tiene que haber una prueba externa objetiva para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades», en la UBU sí ven «excesivo» que deban examinarse de 8 asignaturas, como contempla el borrador de la evaluación, en lugar de las 4 obligatorias en la PAU (a las que sumaban las pruebas voluntarias para sumar nota en asignaturas específicas de cada modalidad de bachillerato).

El consejero de Educación, Fernando Rey, se ha mostrado a favor del acuerdo alcanzado entre los rectores y el ministro Íñigo Méndez de Vigo, a la vez que ha calificado de idea «muy adecuada» el hecho de que la prueba sirva para la posterior admisión en la universidad, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque la aprobación de la nueva norma está «próxima».

En todas las universidades optan por la cautela a la espera de más información, como en la Universidad de Valladolid, que consultada para este reportaje ha manifestado que no se pronunciará hasta que no se conozca el Real Decreto definitivo.

Desde la Universidad de Salamanca, su coordinador de las Pruebas de Acceso a la Universidad, Emilio Calle, comenta que «no hay nada definido concretamente y me preocupa cómo harán la matrícula ahora en junio los alumnos que han acabado 1º de Bachillerato y cómo será la admisión en Castilla y León». También apunta que «tiene que haber una prueba que regule el paso de los estudiantes de Bachillerato a la universidad y desde la Usal siempre hemos defendido una sola prueba nacional, no una en Bachillerato y otra en la universidad», a la vez que sostiene que «la admisión debe ser los más igualitaria y justa posible con una selección externa».

Desde la Universidad de León, su vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ana Isabel García Pérez, afirma que en esta Universidad están de acuerdo con que esta reválida sirva para la admisión en cualquier universidad española: «el peligro era romper el distrito único» y que cada alumno tuviera que repetir exámenes en cada universidad si quería ser admitido en un grado concreto. Partidaria de «no hacer grandes cambios porque la PAU estaba bastante rodada y funcionaba bien», comenta también que ven «con incertidumbre y preocupación» que no haya un Real Decreto ya publicado y en vigor y que «la forma de puntuar esté totalmente en el aire y que no tengamos claro qué materias serían evaluables» a la hora de los grados que piden una nota mínima para entrar en ellos.

Desde la Asociación de Directores de Instituto de Castilla y León (Adicale), su presidente y director del IES Condesa Eylo Alfonso de Valladolid, Jorge Luis Casquete, también muestra preocupación porque aún no se haya publicado la nueva normativa cuando los alumnos que harán 2º el próximo curso empiezan a matricularse mañana. «Imagine que un alumno se matricula de unas asignaturas con la idea de hacer un grado determinado y luego esas asignaturas no le sirven para subir la nota y poder acceder a ese grado porque no se ponderan como cree ahora», comenta.

También insiste en pedir «un pacto de Estado por la educación» que dé estabilidad al sistema educativo, lo que a su juicio, mejoraría los resultados académicos de los alumnos, como lo pide también el director del IES Vega del Prado de Valladolid, Francisco Tomillo Guirao, que recuerda que una incógnita añadida será el resultado de las elecciones generales de junio, porque de ello dependerá también que siga o no la Lomce.