La religión islámica pide paso en las aulas de Burgos y Segovia

Ya se estrenó en este trámite la Consejería el pasado año para tres colegios sorianos en los que 77 alumnos han cursado ya la asignatura . Una vez que los interesados son más de diez estudiantes por aula -según marcan los requisitos a nivel estatal-, Educación se pone en contacto con la Comisión Islámica Nacional para que seleccionen a los posibles candidatos, un proceso similar al que se lleva a cabo en la materia de religión católica. En el caso de Soria, la profesora finalmente contratada por la Junta tuvo que acudir de otra autonomía para impartir las clases ante la falta de docentes en la región que cumpliesen con los requisitos -tener la titulación exigida en Educación y acreditar no estar inhabilitado o sometido a una sanción o condena que impida el acceso a la función pública, entre otros-.

Sólo en Segovia capital, la comunidad islámica ha contabilizado ya más de 200 peticiones . Esta enseñanza institucionalizada del islam puede ser una «solución» a largo plazo para evitar el radicalismo entre los jóvenes, asegura el presidente de la federación de comunidades islámicas de Castilla y León y de la agrupación segoviana, Mohamed Elmizeb. «Si se controla lo que damos a los niños es una oportunidad para poder mejorar», defiende, y se puede impedir que los menores acudan a fuentes menos controladas como internet para acercarse a su religión.

Desde la comunidad islámica Attaqwa de Burgos ya se intentó que algunos colegios impartiesen la asignatura el curso recién finalizado, pero no se llegó a conseguir. Finalmente, parece que este año han sido las propias familias las que han dado el paso y han solicitado esa opción en el momento de la matriculación de sus hijos. Por ello, muy posiblemente, será en el ciclo 2017-2018 cuando pueda producirse .

De ser así, sería una «buena noticia» para la comunidad islámica burgalesa, asegura su secretario, Mohamed Chograni. Y es que de esta forma la enseñanza de su religión a los niños musulmanes se haría de una «forma institucionalizada y con un «mayor control» sobre los contenidos a los que los menores acceden. «Es importante porque sabremos lo que se está impartiendo», explica. Otras provincias también lo han intentado, pero aún están lejos de cumplir los requisitos.