El CES reclama consenso político y «más ritmo» para salir de la crisis

El informe tiene un amplio apartado dedicado a este problema y, así, apuesta por «la agrupación y reducción del número de municipios, con el objetivo de aprovechar las oportunidades de cada grupo de localidades en torno a un núcleo central con capacidad tractora y un especial énfasis en la retención de la población joven».

En este mismo apartado se detalla que Castilla y León debe enfocar sus políticas de dinamización geográfica hacia los migrantes , «consciente» de que «los movimientos migratorios han constituido en la última década un respiro para nuestra comunidad, posibilitando en algunos años el incremento del número de residentes».

El segundo de los pilares pasa por alcanzar el «consenso político y social» para adaptar las nuevas decisiones estratégicas. En este sentido, insistió en la necesidad de que haya una «colaboración fluida y leal entre las comunidades y la Administración central». «Hay que buscar el acuerdo político porque si no, las decisiones pendientes se dificultan», añadió Cabero. A partir de ahí, se apuesta por una estrategia de Comunidad con medidas a medio y largo plazo para cuyo diseño también se reclama una participación ciudadana.

Todo para afrontar el reto de una recuperación económica que este año ya se vislumbra, que debe estar vinculada «a la inversión social» y que en los primeros meses de 2023 puede alcanzar velocidad de crucero hasta llegar a niveles precovid. Una previsión que, ya metidos de lleno en la quinta ola, realizó el presidente del CES con toda la prudencia posible porque «toda la recuperación está vinculada a la superación de la pandemia». «No es posible la recuperación económica si no se resuelve el problema sanitario», advirtió, de ahí que, recalcó, «el objetivo prioritario es acabar con la pandemia».

Otra de las propuestas del CES se refiere a la necesidad de participación activa de los agentes económicos y sociales en la aplicación en la Comunidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia al considerar que «las reformas que se llevan a cabo con el acuerdo de las partes tienen mejor acogida para las personas implicadas y es más fácil que perduren en el tiempo.

El informe también se detiene en el actual sistema de financiación autonómica, «basado en el falso paradigma de beneficiarios y perjudicados» , por lo que se reclama un nuevo modelo «que permita garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las autonomías, teniendo en cuenta la financiación del gasto sanitario y, en materia de dependencia, la dinámica de crecimiento de ese gasto». También se propone un pacto por la industria «con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre y una cogobernanza definida». En este sentido se demanda una política industrial que siente los principios básicos de actuación para que aumente el peso del sector tanto en Castilla y León como en el conjunto de España.