Los pueblos pequeños podrán tener «canguros» que cuiden a pocos niños

De esta forma, recordó que «hemos planteado un acuerdo por cuatro años, cuando el anterior era por tres, para garantizar esa estabilidad y como mínimo mantener los 111 millones de euros de este año, que se irá aumentando en función de las necesidades». Matizó, no obstante, que ya se ha autorizado una addenda de 3,6 millones euros este año para colaborar con ayuntamientos y diputaciones en la ayuda a domicilio.

Precisamente, en materia de financiación, Isabel Blanco denunció que el retraso en las entregas a cuenta que debe transferir el Estado «puede afectar en la prestación de servicios sociales de manera indirecta». Además se refirió a cómo en la financiación de la Ley de Dependencia había un compromiso por el que el Estado aportaba el 50 por ciento y el otro 50 las comunidades autónomas. Sin embargo, actualmente la Junta financia casi el 80 por ciento y el 21 el Estado. Es decir, que la Administración central debería aportar 150 millones de euros, cosa que no hace, por lo que salen de las arcas autonómicas, lo que supone que «la Junta los tiene que quitar de otras partidas». «Es un dinero que nos hace falta y nos hace daño no tenerlo», enfatizó.

En este mismo apartado, la consejera de Familia e Igualdad de oportunidades recordó que a partir de enero Castilla y León bajará de cuatro meses a tres el plazo para obtener el reconocimiento del derecho para la ayuda a la dependencia, con el compromiso de seguir reduciéndolo. Otra de sus promesas es el desarrollo del programa «canguros», para los municipios de menos de 3.000 habitantes. Se trata de una iniciativa piloto que, en la práctica, consiste, según avanzó, en que una persona se encargue de cuidar a tres o cuatro niños de aquellas familias que necesitan conciliar la vida familiar y laboral, aunque aún hay que estudiar la forma en la que este recurso se va a poner en marcha.

Y otra medida que la consejera quiere implantar esta legislatura es la llamada «red social» con la que se pretende «llegar a todo el territorio» como forma de garantizar la detección de situaciones de soledad y de violencia de género. Sin olvidar, además, la reclamación de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar de oficio cuando tienen constancia de una agresión, para evitar así que una mujer que no denuncie no entre en los programas de protección.

Isabel Blanco insistió en que la violencia de genero es una de sus principales preocupaciones, en un momento en el que, además, se detecta cómo se está extendiendo especialmente entre los más jóvenes y las personas mayores, por lo que advirtió de la importancia de «la prevención y de la educación desde la escuela».

Por último, la consejera de Familia se refirió al primer proyecto de ley en el que trabaja su departamento: el de diversidad sexual que reclaman los colectivos LGTBi. En este sentido, recordó que es un «compromiso» adquirido con sus socios de Gobierno (Ciudadanos) y que tratará de desarrollar con «el máximo consenso posible».