En prisión por los indicios, la gravedad del delito y la victimización de la menor

El auto del Juzgado de Instrucción 1 de Aranda de Duero señala, en primer lugar, que existen «indicios fundamentados» y «no meras suposiciones» de haberse cometido un delito, «en una u otra modalidad». Con ello se refiere a que la investigación determinará «si se trata» de agresión sexual (con violencia o intimidación) o de abuso, pero, de momento, considera que las declaraciones de la presunta víctima, sus familiares e incluso menores que negaron que ella les narrara los hechos como una violación coinciden con la denuncia , al menos, en lo que respecta a una relación sexual. Aún con el consentimiento de la adolescente, tendría consecuencias penales por la edad de ésta, menos de 16 años.

Hace especial mención la juez en el cuarto jugador de la Arandina, que prestó declaración el pasado 26 de enero asegurando que ese día estuvo con la menor y sus tres excompañeros de vestuario pero se ausentó durante quince minutos en otra habitación sin oír nada «raro» . Sus palabras motivaron que las defensas reclamaran de nuevo la libertad de sus representados entendiendo que este testimonio jugaba a su favor. Sin embargo, la instructora del caso cree que lo que dijo «coincide con lo que la menor explicó» -que él estuvo presente, se levantó, oyó una puerta cerrarse y comenzó la supuesta agresión-. Además, puntualiza que «lo que no supo explicar es el motivo por el que los investigados habían silenciado su presencia en la vivienda mientras sucedían los hechos denunciados».

Teniendo en cuenta que los delitos por los que se les investiga están tipificados con penas de entre diez y quince años de prisión, considera la juez que la gravedad de la pena a la que se podrían enfrentar «determina que racionalmente se puede presumir la existencia de un riesgo de fuga ». Rechaza, así, el criterio del Fiscal que no se opuso a la petición de libertad y propuso que se les requisara los pasaportes y tuvieran que comparecer cada mes en el juzgado. Una medida cautelar que la instructora cree que no garantizaría que los investigados no huyeran, dado el «reproche moral» de los hechos denunciados y «la repercusión mediática» de los mismos.

En cuanto a la posibilidad de ocultación y alteración de pruebas, señala el auto que de estar en libertad los investigados podrían influir sobre testigos que ya han declarado o cuya comparecencia está solicitada, que se podría «desvirtuar» el examen para determinar su madurez al que ya se ha sometido a la menor y que se les practicará en las próximas semanas y que podrían acceder a contenidos de redes sociales que aún no han sido investigados. Tampoco se ha concluido el volcado de sus teléfonos.

Por último, la juez se refiere a la «necesidad de proteger a la menor ». En este caso considera que las medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella que proponía la Fiscalía para la puesta en libertad de los investigados no serían «suficientes». En esta línea, recuerda que la familia ha interpuesto varias denuncias por acoso y trato vejatorio a la joven y considera que su seguridad sólo la garantiza la prisión de los investigados. «En situación de libertad, sería posible que utilizaran sus redes sociales o accedieran a los medios» llevando a una «mayor victimización».