«Preocupación» y «estupor» en Tábara al conocer el presunto caso de abusos sexuales de su exparroco

«Si se confirma que, al parecer, es así, es un hecho deplorable y lamentable desde todos los puntos de vista. No somos quiénes para juzgarlo pero nos deja acongojados y muy preocupados», afirmó José Ramos, quien lleva 22 años como regidor del municipio. «Lo cierto es que en los 26 años que estuvo con nosotros, fue una persona trabajadora y muy querida, desde el punto de vista pastoral y personal. Trabajamos codo con codo con él, por ejemplo, en relación con los beatos. Es un mazazo terrible», añadió.

La reacción de los habitantes de Tábara está «dividida entre quienes lo condenan tajantemente y quienes no dan crédito». «El párroco actual se enteró por los medios de comunicación y pidió hoy en misa que rezásemos por la Santa Madre Iglesia, por José Manuel y, sobre todo, por las víctimas», precisó.

La noticia ha corrido como la pólvoera en las redes sociales. «Te metes en algunas redes sociales y hay corrientes de opinión en las que se dice de todo. Estaría bien que hubiera un poco de prudencia, y más en un asunto tan delicado como este», anotó.

Igualmente, ha generado una gran desazón en los habitantes de Tábara el hecho de que el expárroco recibiera un homenaje a finales del pasado mes de septiembre por haber desempeñado allí esa función durante más de un cuarto de siglo: «En el pueblo no hemos sabido nada hasta hoy e imagino que ya se sabía todo de forma privada cuando se hizo el homenaje y eso también nos inquieta porque parece que resulta extraño aceptar recibir un homenaje en unas circunstancias así», observó.

Por su parte, la Diócesis de Astorga (León) ha lamentado «profundamente» estos hechos «deplorables, moralmente inaceptables y reprobables» que han ocasionado una repercusión negativa en la imagen de la Iglesia.

En un comunicado remitido por el Obispado de la capital maragata reitera «humildemente» la petición de perdón por el daño causado a la víctima a la que expresó de nuevo «su apoyo y cercanía», al tiempo que se manifestó el «dolor» por el daño causado a la sociedad y el compromiso «firme» con la justicia y con la salvaguarda de la infancia y la juventud.

Desde la Diócesis se insistió en que una vez que el obispo tuvo conocimiento de los hechos, siguió con los protocolos establecidos en estos casos. No obstante la prescripción civil y canónica de los hechos ocurridos hace 28 años, y la Congregación para la doctrina de la fe levantó la prescripción canónica «para que se pudiera realizar un proceso administrativo penal en la Diócesis que verificara la veracidad de los hechos».